La representación legal de un ecuatoriano que resultó herido de
gravedad mientras presuntamente trabajaba de manera ilegal en una
obra en Sant Jordi en la que además existían sospechas sobre la
ausencia de seguridad laboral pide penas que suman hasta los cinco
de años de cárcel para un particular subcontratado por la sociedad
Urcoisa que, a su vez, empleó a la víctima y otros dos
sudamericanos 'sin papeles'.
La acusación particular también reclama una indemnización que
supera los 98.000 euros. Tanto a Urcoisa como a la promotora
Pitiusa de Desarrollo se les hace responsables civiles
subsidiarios.
El trabajador sufrió secuelas graves tras caer desde un tercer
piso. Al parecer, ni siquiera se llamó a una ambulancia y se optó
por trasladar al obrero en un coche particular al hospital. Por
este motivo, ha surgido la sospecha de que ello se hiciera no por
premura sino para evitar una posible investigación por lo ocurrido.
Según el parte médico, la caída le ocasionó una fractura
acuñamiento vértebra lumbar, una exéresis de hueso calcáreo, una
pérdida del cinco por ciento de flexión de la rodilla izquierda,
así como sendas cicatrices de cinco centímetros en la pierna.
También se piden otros dos años de cárcel para el aparejador que
debía redactar el estudio de Seguridad y Salud, así como el Plan de
Seguridad que debía ser coordinado durante la ejecución de la
obra.
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