La videovigilancia en las calles de Eivissa y Sant Antoni está cada
vez más cerca de convertirse en una realidad. Ya no se trata sólo
de una aspiración de los empresarios de la hostelería. Ayer, la
Mesa de Seguridad Pública de Eivissa y Formentera -presidida por el
conseller balear de Interior, Josep Maria Costa, y por su hermana
Pilar Costa, presidenta de las Pitiüses- acordó proponer a las
Juntas Locales de Seguridad de los municipios de Sant Antoni y
Eivissa «instalar máquinas de videovigilancia en las zonas más
conflictivas».
Josep Maria Costa no quiso concretar en qué áreas se recomendará
instalar cámaras-espía, pero entre bastidores se mencionó la zona
de Platja d' en Bossa y el Puerto, en Eivissa, y el West End, en
Sant Antoni. Las cámaras podrían estar operativas esta misma
temporada turística.
Esta recomendación se suma a las peticiones que en múltiples
ocasiones han formulado los hoteleros de Sant Antoni y también al
deseo del equipo de gobierno municipal de Sant Antoni. De hecho, el
número uno por el PP a la Alcaldía de Sant Antoni, Pepe Sala, dijo
recientemente que su partido tiene intención de solventar los
requisitos legales necesarios para poder instalar videocámaras en
el West End y otras zonas conflictivas de esta localidad, que se ha
convertido en la más sufrida de Balears y, por tanto, de España
-después de Ceuta-. De hecho, tal y como se ve en el gráfico de
esta página, la tasa de criminalidad (número de delitos anuales por
cada mil habitantes) de Sant Antoni (196,75) casi cuadriplica la
media balear (55,11), que además sólo es superada por la ciudad de
Ceuta (55,73). Incluso por debajo de Balears, según datos del
Ministerio del Interior, se sitúa la provincia de Madrid, con 31,75
delitos anuales por cada mil habitantes. Otras zonas de España,
como Zamora (7,38), están muy lejos de Baleares y años luz no sólo
de Sant Antoni, sino también de Sant Josep (184,85, segundo de
Baleares en este macabro ránking), Eivissa (75,38) Sant Joan
(70,56) y Santa Eulària (65,43). En las Pitiüses, tan sólo
Formentera (26,54) está por dejabo de Madrid.
Para colmo, el gasto en policías locales por habitante en Sant
Antoni (63,78 euros anuales) es inferior a la media balear (81,42),
lo mismo que en Sant Josep (57,07). Por el contrario, en Palma, el
gasto es superior a la media balear, ya que asciende a 94,07 euros
y, sin embargo, soporta una tasa de criminalidad (50,71) muy
inferior a la de estos municipios ibicencos. En zonas de Palma,
como Platja de Palma, ya hay cámaras-espía desde el año pasado.
Además de la videovigilancia, la Mesa de Seguridad Pública
propondrá a las Juntas Locales que, en verano, en las zonas más
conflictivas se incremente la presencia de agentes a lo largo de
las 24 horas del día y que se mejore la colaboración entre las
distintas policías. Asimismo, la Mesa solicita que los municipios
habiliten oficinas para facilitar interponer denuncias, que aumente
la presencia de agentes uniformados en los lugares con más público
y que se dedique más esfuerzo a la investigación de actividades
mafiosas y grupos organizados de tráfico de drogas y
prostitución.
La Mesa de Seguridad de Eivissa y Formentera ha realizado una
propuesta para crear una mesa de trabajo integrada por técnicos
municipales que se encargue de realizar un análisis detallado de
los datos relativos al incremento de la delincuencia en las
localidades pitiusas y compare estos datos con otras estadísticas a
nivel nacional con el fin de sensibilizar al Ministerio del
Interior de este grave problemas que se padece en Eivissa y
Formentera. Además, los técnicos de esta mesa de trabajo se
encargarían de elaborar una serie de recomendaciones como las que
ya ayer presentó la Mesa de Seguridad de Eivissa y Formentera. Esta
comisión técnica estaría presidida por el Director General de
Interior e integrada por un técnico de la Conselleria de Interior,
un representante del Ministerio Fiscal y otro de la Judicatura, un
representante de cada uno de los cuerpos policiales estatales y
otro de las policías locales.
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