Los juzgados de Eivissa continuarán enfrentándose a antiguos problemas en 2003.

El séptimo juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha sido una realidad con la llegada del nuevo año y, tres meses después, en abril, todo tendrá que estar preparado para que Eivissa pueda afrontar con plenas garantías los juicios rápidos. El personal de los juzgados ibicencos está ultimando su preparación para posibilitar la ejecución de estos dos proyectos, que nacen sin que se hayan resuelto los graves problemas que sufre la isla en materia de justicia y sin que haya perspectivas de que Madrid atienda alguna de las demandas más significativas solicitadas en repetidas ocasiones desde distintos organismos.

Así, en otra vuelta a la tuerca, se ha hecho, en el 'agotado' edificio de Isidor Macabich, un nuevo hueco para instalar el séptimo juzgado, lo que ha supuesto llevarse el juzgado de lo Social a un piso de la calle Gaspar Puig.

Al tiempo, jueces y fiscales, sin contar el tiempo que se debe destinar a la formación de todos los funcionarios, buscan fórmulas para adaptarse a un nuevo sistema de juicios rápidos con el que el Gobierno quiere acabar con la situación de inseguridad que se vive especialmente en zonas turísticas como Eivissa. La sensación que flota en el ambiente, sin embargo, es de algo más que preocupación al entenderse que es muy posible que se agraven las disfunciones que ya hay generadas en los juzgados ibicencos por sus particulares condiciones de falta de espacio y de continua renovación en las plantillas al ser Eivissa un destino poco apetecido, en general y especialmente por motivos económicos, para jueces, fiscales y funcionarios.

Los juicios rápidos van a conllevar una sobrecarga de trabajo que, según distintas fuentes judiciales, lleva pareja la amenaza de ocasionar situaciones de 'colapso' en el funcionamiento diario de los juzgados al no poderse actuar con normalidad. Sólo durante el verano, y como ya informó este periódico, se atendió durante las guardias -donde se producirán los juicios rápidos- a más de 700 detenidos, con días hasta con nueve sospechosos prestando declaración.

Todo ello ocurre después de que durante el año anterior, y con las mismas carencias ahora agravadas, se vivieron 'apresurados' reciclajes para cumplir con la nueva normativa de menores y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Junto con la puesta en marcha, además, de las videoconferencias, asunto de nuevo pendiente con la Audiencia Provincial. La guinda de todo lo pone el aún futurible proyecto para que Formentera tenga un 'juzgado móvil'.

El problema más grave que sufre Eivissa es que hoy por hoy no hay ni siquiera una intención formal por parte ministerial de que exista un nuevo inmueble para los juzgados. La situación de agotamiento hace imposible que haya para el ciudadano nuevos servicios y los que se imponen, como las videoconferencias o el séptimo juzgado, exigen reorganizaciones que ya han llevado a sacar del edificio de Isidor Macabich las oficinas de la Fiscalía. Estos son algunos de los proyectos siempre pendientes.