Las infraestructuras dependientes del Gobierno no viven sus mejores
momentos en Eivissa. Instituciones como los Juzgados y la Dirección
Insular de la Administración General del Estado y los inmuebles de
la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran en
una situación no muy halagüeña. Porque, aunque en algunos de los
casos se han comenzado a dar los pasos necesarios para que se
resuelva este déficit de instalaciones, la solución, o soluciones,
llegan cuando la situación se había convertido ya en claramente
insostenible.
Tal vez el mejor caso de lo expuesto lo refleje el estado de la
casa cuartel de la Guardia Civil en Cas Serres. El edificio
mostraba en sus fachadas desde hacía largo tiempo las cicatrices
dejadas por el paso del tiempo. Las familias que allí vivían fueron
desalojadas a principios del presente año, pese a que desde agosto
de 2001 la directora insular, Marienna Sánchez Jáuregui,
reconociera que tenía en su poder un informe técnico que
recomendaba derribar el inmueble, el cual contaba con un grave
deterioro estructural, aunque Sánchez Jáuregui se apresuró
igualmente a señalar que no había un riesgo de derrumbe.
Poco antes de que los agentes y sus familias fueran reubicados
en dos bloques de apartamentos de Cala de Bou y la dotación de la
Benemérita continuara cumpliendo su servicio en el resto de las
infraestructuras del cuerpo en la isla de Eivissa, el general de
división Antonio Morales Villanueva, subdirector general de apoyo
de la Dirección General de la Guardia Civil, anunció en Eivissa que
el nuevo edificio será levantado en el mismo lugar y que su coste
ascenderá a unos cinco millones de euros. Las obras deberían
comenzar durante el primer trimestre del próximo año. Morales
añadió que esta obra es «la de mayor prioridad» para la dirección
de la Guardia Civil.
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