Entre los casos instruidos ayer por la mañana por el magistrado
Juan Carlos Torres se encuentra el de Luis M.G., el joven que ha
sido detenido como principal sospechoso de haber asaltado a punta
de escopeta un estanco situado en Vara de Rey y que ingresó ayer en
prisión provisional incondicional. El fiscal Manuel Campoy elogió
la rápida labor policial efectuada por la Udyco de la Comisaría de
Eivissa y solicitó la prisión provisional a la espera de juicio al
considerar que, si bien no había riesgo de fuga o de obstrucción a
la justicia, si lo había de reiteración en la actitud delictiva, en
base a los antecedentes con los que cuenta el detenido y a la
«alarma social» creada por el atraco. «Se daría una cierta
sensación de inseguridad si quedara en libertad», dijo.
Asimismo indicó tener «indicios suficientes de la existencia de
un delito de robo con violencia y con un arma, que puede acarrear
una pena de hasta cinco años de prisión». Por su parte, el abogado
defensor de Luis M.G. solicitó su puesta en libertad, una
posibilidad no atendida finalmente. Asimismo discrepó de la
argumentación sobre la reiteración delictiva al considerar que se
hablaba de «una hipótesis, un futurible», señalando que Luis M.G.
debía incorporarse ayer a su puesto de trabajo, «mucho más
provechoso, en todo caso, que estar en la prisión».
El representante de la defensa añadió que, a pesar de la
celeridad en la celebración de la vista previa, ésta no aseguraba
un rápido señalamiento del juicio en el Juzgado de lo Penal, al que
deberá ser traspasado el caso. El representante de la Fiscalía
deberá ahora elaborar el escrito de acusación contra Luis M.G. por
el asalto. Los sistemas de grabación de la sala del Juzgado de
Instrucción número 1 de Eivissa, cuyo titular es el juez Juan
Carlos Torres, se pusieron en marcha el pasado sábado para dejar
testimonio de la primera aplicación en la isla de uno de los
preceptos de la nueva Ley de Enjuiciamiento: los llamados juicios
rápidos.
Tras la experiencia del fin de semana, tanto el juez como el
fiscal del turno semanal de guardia del juzgado, Manuel Campoy,
reconocieron la validez de la ley sobre el papel, aunque
reconocieron que la falta de medios existentes en Eivissa
dificultaba su puesta en marcha. Pese a ello, ayer continuaron con
dicha aplicación (opcional a la espera de la entrada en vigor de la
ley el próximo año). Según relató Torres a este periódico, desde
las nueve de la mañana el personal del juzgado se aplicó en la
resolución de varios casos para decidir las situaciones
particulares de los detenidos dentro de las 72 horas estipuladas
por ley en las que pueden permanecer detenidos y decretar de este
modo, en algún caso con escrito de acusación ya presentado, la
prisión provisional o la libertad de los individuos encausados.
Pero el turno de guardia continuaba a su ritmo habitual del mes
de agosto. Durante la mañana de ayer, la sala de espera de esta
corte era un hervidero en el que coincidían detenidos, víctimas,
testigos, guardias civiles y miembros del Cuerpo Nacional de
Policía, a los que se sumaban abogados y el personal del juzgado.
Hasta las dos de la tarde ya eran dieciocho las personas detenidas
que debían personarse para comenzar a instruir sus causas. La
actividad en las comparecencias establecidas a partir de la nueva
Ley de Enjuiciamiento obligó a trasladar todos estos trámites a la
tarde y, en palabras del fiscal Manuel Campoy, posiblemente hasta
la jornada de hoy, momento en el que el Juzgado de Instrucción
número 1 habrá abandonado su guardia semanal y dispondrá de más
tiempo, sin estar atado a imprevistos, para encauzar dichos
casos.
De hecho, la falta de medios en Eivissa de cara a la aplicación
de la ley no se limita tan sólo a los juzgados, sino que afecta
también a los cuerpos de seguridad que tienen bajo su custodia a
los detenidos, puesto que los traslados obligan a emplear a un
número indeterminado de agentes para cumplimentar la presencia de
los sospechosos ante el juez, y al turno de oficio del Colegio de
Abogados, que dispone de tan sólo dos letrados para cubrir dichas
contingencias, tal y como ayer pudo comprobar este periódico.
Tanto Juan Carlos Torres como Manuel Campoy remarcaron el
esfuerzo realizado por el personal del Juzgado de Instrucción
número 1 en esta iniciativa. Además, Torres destacó la colaboración
obtenida por parte de los ciudadanos que se desplazaron a lo largo
de la guardia al juzgado para participar en los juicios rápidos.
«El balance de la guardia ha sido muy positivo en la resolución de
casos», apuntó Torres, para añadir a continuación que «el futuro
del juicio rápido depende de los medios y de una adecuada
retribución económica, puesto que estas guardias deberían pagarse
al nivel de la de los hospitales». «Se observa -añadió- la falta de
medios, ya que debería haber cuatro abogados de oficio en las
guardias, en lugar de los dos existentes ahora. Aplicar la ley con
estos medios requiere un sobreesfuerzo, que se ha dado durante la
última semana. Las guardias de 24 horas serían más eficaces».
Actividad sin pausa en el Juzgado de Instrucción nº
1
El juzgado de guardia vio varias causas ayer. Entre ellas se
encuentran las propuestas de archivo por autoconsumo de droga
recomendadas por el fiscal para los detenidos este pasado fin de
semana Amadou S., Mapenda C., Giuseppe C. y Bruno André Michel J.
En otro de los casos, por hurto de un vestido y la recaudación de
una tienda de Sant Antoni, se procedió a la vista contra Mireille
H.A. y Omare K. El fiscal solicitó una pena de un año de prisión
para cada uno de ellos, aunque en el caso de Omare K. propuso
sustituirla por la expulsión de España, ya que se encuentra en
nuestro país de modo ilegal. También se vio el caso de Asan H.,
acusado de un hurto en grado de tentativa en Vara de Rey. El fiscal
solicitó cuatro meses de prisión u ocho meses de multa y su ingreso
en prisión provisional. La causa contra un conductor con el carnet
de conducir retirado fue trasladada al Juzgado de lo Penal, en el
que se celebrará el juicio el próximo 11 de septiembre. Todos estos
casos fueron atendidos antes de cumplirse las 72 horas de detención
fijadas por ley.
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