La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil entró en vigor en toda España
el pasado lunes. Más allá de toda la polémica generada por su
aplicación, sobre todo en lo referido a la falta de medios
materiales y humanos para su correcto funcionamiento, este nuevo
texto legal tiene como objetivo lograr una agilización de los
procesos civiles, los cuales, hasta el momento y en muchos casos,
se dilataban en el tiempo.
De todos modos, tal y como declaraba el juez decano de Eivissa,
Juan Carlos Torres, y el delegado en la isla del Colegio de
Abogados de Balears, Enrique Vicent Marí, la situación en Eivissa
es preocupante de cara a la aplicación correcta de la Ley de
Enjuiciamiento Civil debido a la falta de espacio existente en el
edificio de los juzgados y a la falta de personal para poder hacer
frente a los requerimientos del texto que entró en vigor el pasado
lunes.
Una de las principales novedades que introduce la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (que sustituye a la existente desde 1881)
entre sus 827 artículos es el llamado «proceso monitorio», es
decir, la posibilidad de acudir a juicio por parte del ciudadano
sin la necesidad de contar con los servicios de un abogado y de un
procurador, obligatorios hasta el pasado lunes. Estos
procedimientos podrán realizarse cuando deban reclamarse deudas
inferiores a los cinco millones de pesetas debidamente
justificadas.
En el caso de acogerse a este procedimiento, el interesado podrá
solicitar en el juzgado un impreso que le permitirá redactar la
demanda directamente. Si el demandado asumiera la responsabilidad
en la deuda, el juez dictaría sentencia en veinte días. Por el
contrario, si el demandado negara la deuda, el proceso pasaría a
ser normal, por lo que se requeriría la presencia de abogado y
procurador.
Uno de los planteamientos más polémicos del nuevo texto se
encuentra en la obligación del juez de estar presente en todos los
procedimientos, punto que desde la magistratura se ha contemplado
con buenos ojos, aunque reconociendo la falta de personal para
poder hacer frente a esta exigencia de la ley.
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