La Administración Judicial cursó un total de 11.427 sanciones a
personas que consumieron drogas en la vía pública y sólo siete por
vender alcohol y tabaco en establecimientos públicos a menores de
edad, según datos del Ministerio de Interior.
La comunidad autónoma donde se cursaron un mayor número de
sanciones administrativas (que varían entre las 500.000 y los cinco
millones de pesetas) fue Andalucía, con un total de 1.882. A esta
comunidad, le siguen Canarias (1.798), Castilla y León (1.335);
Valencia (971); Castilla La Mancha (916) y Madrid (873). Estas
sanciones fueron impuestas en virtud al artículo 25 de la Ley de
Seguridad ciudadana, que califica como «infracciones grave la
seguridad ciudadana» el consumo en lugares, vías, establecimientos
o transportes públicos, así como la tenencia, aunque no estuviera
destinado al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas.
Las sanciones impuestas por estas infracciones pueden
suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de
deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado.
Estos datos contrastan con las sanciones cursadas por vender
alcohol y tabaco a menores en establecimientos públicos (siete en
el primer trimestre). Estas multas se fijaron en las comunidades
autónomas de Castilla y León (6) y Navarra. Fuentes del Plan
Nacional sobre Drogas, el Ministerio del Interior está estudiando
la posibilidad de modificar el Código Penal y la citada Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana con el fin de equilibrar las
penas y las sanciones administrativas.
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