El fiscal pidió ayer en su informe que Joaquín Ferrándiz, juzgado
en Castellón por las muertes de cinco mujeres e intentar matar a
otras dos cuando estaba en libertad condicional, cumpla
íntegramente la condena porque «no podemos permitirnos un nuevo
fracaso que cueste cinco, diez o más vidas».
En su intervención, el fiscal ha modificado sus conclusiones
provisionales y ha elevado de 140 a algo más de 206 millones de
pesetas las indemnizaciones que el Estado debe pagar a los
familiares de las víctimas si Ferrándiz es condenado. El ministerio
público considera que el Estado es responsable civil subsidiario
porque Ferrándiz cometió los crímenes cuando se hallaba en libertad
condicional porque «no hubo control ni seguimiento» cuando salió de
la cárcel en abril de 1995. Para el fiscal del caso, la psicopatía
que padece Ferrándiz «tiene difícil solución». El ministerio
público pide 163 años de cárcel para Ferrándiz o, alternativamente,
con la aplicación del nuevo Código Penal, solicita 125 años de
prisión por los crímenes de las cinco mujeres que, a su juicio,
fueron «asesinatos alevosos» que se caracterizaron por idéntico
modo de operar: las ataba y las amordazaba y una vez indefensas las
estrangulaba.
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