Conjunto de viviendas construidas en suelo rústico en la isla de Ibiza | T.E.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib) ha realizado una encuesta sobre el incumplimiento de los plazos legales en la tramitación de licencias de obras en las Islas cuyo resultado más llamativo es que los ibicencos son los baleares que más tiempo tienen que esperar para obtener un permiso urbanístico: 28 meses de media, cuando la ley establece un máximo de tres, que en caso de suelo rústico aumenta hasta ocho meses. Un resultado que para los arquitectos es «particularmente grave».

De los tres municipios de la isla de Ibiza que figuran en la encuesta, Sant Antoni de Portmany es el que se lleva la Palma con 30 meses de espera, es decir, dos años y medio para obtener una licencia de obras. En los otros dos municipios, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, también tienen un plazo superior a los dos años, concretamente 27 y 25 meses, respectivamente.

El presidente de los arquitectos de Ibiza, Iván Torres, asegura que es «complicado entender por qué en un municipio se tardan 42 meses y en otro sólo diez pero es evidente que falta personal o que la gestión debería ser más ágil». Torres también entonó el mea culpa al asegurar que «a veces nosotros no presentamos los proyectos suficientemente documentados», una situación en la que están intentando mejorar.

Por su parte, el plazo de resolución para la obtención de licencias en Formentera es de 15 meses, en Mallorca se tarda 14 meses de media y un año en Menorca.
Según la tabla comparativa publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos, la isla donde más obras se realizaron entre los años 2016 y 2017 fue Mallorca, con 7.693 proyectos visados; seguida de Menorca, con 1.179 permisos; Ibiza, con 1.128 autorizaciones, y Formentera, con 143 licencias.

Propuestas

Una de las cuestiones en la que no están de acuerdo los arquitectos es que todos los permisos tengan que ser aportadas por el promotor, «sino tan sólo aquellos que la legislación aplicable exija que se aporten con carácter previo a la solicitud de licencia».
También sostiene el Colegio Oficial de Arquitectos que «es necesario» reforzar los equipos humanos de la administración, «con claridad en sus funciones y organigrama», a través de concursos de plazas que «respeten los preceptos fijados por la Constitución y la función pública, evitando la precariedad laboral y los concursos de libre designación».

Los arquitectos baleares también piden una «simplificación de la normativa y la generación de un marco jurídico estable y posible de cumplir», e insisten en que «los anuncios legislativos tan sólo conllevan efectos llamada, la producción de cuellos de botella, el oportunismo y la inestabilidad económica».

Además, se muestran dispuestos a colaborar con las entidades locales para «desarrollar aquellas funciones o trabajos que puedan aportar la revisión de aspectos formales y de contenido de los proyectos que adelante, bajo nuestra responsabilidad, tareas administrativas». Lo que supondría liberar a los funcionarios para que pudieran desarrollar el control urbanístico y la actualización del planeamiento para diseñar y defender la calidad del entorno construido que mejore los lugares en que vivimos».

Por último, los arquitectos sostienen que «los retrasos en la tramitación y la maraña normativa son el caldo de cultivo para la ilegalidad, ya sea en urbano o rústico» y exigen a las administraciones «un mayor control del coste real final de las obras para que el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) sea pagado por todos y que la mayor recaudación permita una bajada del mismo».