La semana arrancó en Ibiza y Formentera con la reveladora noticia de que los fallecidos y los carros de comida comparten pasillo en Can Misses. El nuevo hospital carece de sala de mortuorios y los difuntos se trasladan al viejo edificio. La Conselleria de Salut ha previsto la ampliación de este espacio en la reforma del antiguo centro sanitario, pero por el momento se está dando una circunstancia desagradable y anacrónica para los actuales tiempos.

Siguiendo con asuntos sanitarios, el martes conocimos que la mitad de las consultas externas hacen horas extra para bajar la lista de espera en el centro hospitalario. El objetivo es que los pacientes no esperen más de 60 días para ver a un especialista. Servicios como Cardiología, Oncología y Rehabilitación hacen peonadas y la cartera de especialidades que hacen horas extra varía en función de la lista de espera.

La polémica por el derrumbe de casetas varadero en Porroig también ha centrado la información pitiusa esta semana. Los vecinos afectados no pudieron frenar la demolición de cinco de estas casetas de pescadores. Una veintena de personas trataron de evitar sin éxito la demolición catalogada por Costas como ‘obra de emergencia’. El derrumbe se produce tras los desprendimientos de piedras y rocas del pasado mes febrero.

El miércoles conocimos la medida adoptada por el Ayuntamiento de Sant Josep de cerrar al tráfico la zona de los acantilados de Platges de Comte, donde hasta ahora ha sido habitual ver a centenares de coches amontonados sin ningún tipo de control. La degradación de esta parte del litoral y los elevados riesgos de incendios o accidentes son los principales motivos que han llevado al Consistorio a tomar esta decisión.

Solo un día después conocimos los planes del Consell d’Eivissa y del Ayuntamiento de Sant Joan de restringir la entrada de vehículos en Benirrás. Será la segunda playa conectada de la isla tras el exitoso proyecto de Cala Salada.

El jueves, el Ayuntamiento de Vila desveló que el antiguo retén de la Policía Local se encuentra en un estado ruinoso y deberá derruirlo para levantar el nuevo albergue municipal. El viejo retén de la Policía no puede ser utilizado como centro de acogida temporal pero el Ayuntamiento no se plantea cambiar la ubicación del albergue «porque ya estaba decidido». Buena parte del vecindario está en contra del proyecto.