El portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del sector de Justicia en Baleares, Pablo Rodríguez, abordó ayer la propuesta de Real Decreto que remitió el Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta medida, que se enmarca dentro la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, prevé la creación de tres nuevas plazas de jueces y magistrados de violencia sobre la mujer en Ibiza, Palma y Manacor para hacer frente a las nuevas competencias que a partir de octubre tendrán que asumir estos juzgados, como son los delitos de violencia sexual.
En este sentido, Pablo Rodríguez señaló ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que, «aunque costará encontrar un candidato que quiera cubrir este puesto en Ibiza», la creación de estas plazas es lo «mínimo» que desde el Ministerio pueden hacer para reforzar este órgano judicial especializado que, a finales de este año, asumirá también todos los delitos sexuales de los que sean víctimas las mujeres, sean o no cometidos por sus parejas o exparejas. Hay que señalar que estas nuevas competencias incluirán dichas agresiones, pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual.
«No sabemos si esta medida será suficiente para afrontar la situación, pero es lo mínimo que pueden hacer para que estos juzgados logren afrontar la carga de trabajo y puedan asumir estas nuevas competencias, incluso haría falta una nueva plaza de juez de violencia de género en Inca», destacó Rodríguez, haciendo referencia al resto de comunidades autónomas, que también tendrán nuevas plazas de jueces para estos casos.
Concretamente esta propuesta de Real Decreto prevé aumentar en 53 dichos puestos a nivel nacional: 39 son de nueva creación y el resto, en total 14, consiste en la transformación de plazas de instrucción en especializadas.
No obstante, en el caso de Ibiza, el portavoz de CSIF tiene claro que «será difícil encontrar para esta nueva plaza un aspirante que quiera asumir el cargo de juez de violencia género en la isla», tal como ocurre en los juzgados de Primera Instancia número 5 y número 6 de Ibiza para cubrir la vacante de juez titular. «Se creará este nuevo puesto, pero es probable que quede desierto tras el concurso porque nadie quiere venir a Ibiza debido a la carga de trabajo y la falta de incentivos», lamentó Rodríguez, destacando que hay funcionarios que pierden dinero trabajando en la isla.
Rotación en las plantillas
En esta línea, afirmó que los jueces se encuentran con juzgados que sufren una gran «rotación en las plantillas», incluso con dos modificaciones de personal al año. «Así es imposible trabajar; hay funcionarios de Justicia que están renunciando porque cobran 1.400 euros al mes. Y, debido a estas bajas, un mismo puesto lo pueden desempeñar hasta tres personas en un año», añadió e indicó que las nuevas incorporaciones – muchas de estas personas deciden abandonar la isla después de unos meses – suponen horas de formación del personal.
«Es la pescadilla que se muerde la cola. Si con una indemnización por residencia decente sería difícil estabilizar plantillas, sin ella es imposible», aseguró, mientras explicaba que entre las posibles soluciones para paliar esta situación se encuentra la creación de viviendas para funcionarios de la isla y la aplicación de incentivos económicos.
Al respecto, puntualizó que, aunque se aplique la movilidad forzosa de estos profesionales públicos para cubrir vacantes en la isla, cuando esta medida queda «descongelada» estos trabajadores se trasladan a la Península. «Esto sucede también con los agentes policiales, guardias civiles… es un castigo para ellos trabajar en la isla», lamentó el portavoz de CSIF.
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Sa solució an aquest problema està en dur-se bé i respectar-se mutuament, per no haver de recórrer a sa Justícia. De lo contrari, tendrem un problema.