El vicepresidente ha explicado que la futura ley pivotará sobre tres ejes: potenciar el uso de la declaración responsable, derogar normas duplicadas o en desuso y acabar con los obstáculos que encuentran hoy los empresarios y los autónomos en su relación con la Administración autonómica, insular y municipal.
Antoni Costa ha explicado que el Govern de Marga Prohens quiere también avanzar en la creación de las unidades aceleradoras para proyectos estratégicos, sean estos públicos o privados. En este sentido, Costa ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha creado la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, cuya responsable hoy es Bàrbara Barceló. «Uno de sus encargos», ha añadido el vicepresidente balear, «es poner en marcha la unidad aceleradora de proyectos estratégicos, una autopista para que estos proyectos puedan ejecutarse lo más rápido posible».
Costa ha recordado también que la última ley de racionalización de Baleares, que ordenaba toda la normativa autonómica, data de 2015. Ahora, ha añadido, «se trata de hacer un texto refundido en el que se pueda ver toda la normativa que afecta a una cuestión». Y ha puesto como ejemplo la normativa que afecta al sector turístico: «Hay una ley turística y hay otras leyes que regulan el ámbito turístico. Ahora queremos hacer un texto refundido con todo para dar seguridad jurídica».
El vicepresidente ha señalado que es necesario «retroceder en el intervencionismo» para evitar que las empresas y los ciudadanos sigan siendo víctimas de «una burocracia innecesaria». Y para ello será fundamental el papel de los funcionarios y empleados públicos, que, ha asegurado Costa, serán los primeros que tendrán que preguntarse para qué sirven determinados condicionantes impuestos a las empresas por parte de la Administración. «Lo que hacemos es poner todo en duda», ha dicho el vicepresidente, «hay que ver si el plan que se le exige a un autónomo es realmente necesario. Porque cae sobre su espalda y hay que ver para qué se le exige eso. Hay que poner en duda todas las obligaciones establecidas en las normas sectoriales. ¿Por qué se pide esto a estos empresarios? Si la única finalidad es atar en corto a esos empresarios, esa norma se derogará».
En cuanto a los funcionarios y empleados públicos, Antoni Costa ha señalado que serán ellos los que tengan que informar sobre aquellas normas cuya necesidad o utilidad son cuestionables. Así, Costa ha pedido a todos ellos que «revisen los procedimientos y, si algo se puede simplificar, se lo comuniquen a sus jefes para eliminarlo».
Participación pitiusa
El Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de la isla participarán también en la elaboración de este anteproyecto. Sin embargo, ninguna de estas administraciones ha querido pronunciarse al respecto en estos momentos por considerar que primero han de conocer las propuestas concretas del Govern en este sentido. No obstante, todas estas instituciones han recibido ya una guía para conocer de qué manera pueden formular sus propias propuestas para ser incluidas en la futura ley.
Desde Formentera, el conseller Javier Serra ha señalado que es fundamental revisar y simplificar la normativa ya que «con el tiempo, han sido las propias administraciones las que han generado una mayor complejidad en los procedimientos». «Debe ser la política, con la colaboración de todos, la que facilite y agilice las tramitaciones para los ciudadanos», ha añadido.
Serra también ha subrayado la importancia de la digitalización de los procesos para «mejorar la relación entre la ciudadanía y la Administración». No obstante, el conseller formenterés también ha indicado que aún es pronto para pronunciarse sobre cómo afectará esta nueva ley porque «el proceso se encuentra en fase de revisión de la normativa que dependa de la Administración autonómica y elaboración de propuestas». Aun así, Javier Serra ha destacado objetivos de la nueva norma como «evitar duplicidades, reducir trámites innecesarios y eliminar la solicitud de documentación que ya posee la propia Administración o que no sea estrictamente requerida».
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Más burocracia para reducir la burocracia