Imagen de archivo de la planta asfáltica de Sant Rafel.

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La Conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear confirmó este lunes a Periódico de Ibiza y Formentera que ya han finalizado las obras de reasfaltado de la carretera de Sant Antoni, por lo que la concesionaria de los trabajos inicia ya el desmontaje de la planta. Según las previsiones, primero se iniciará el vaciado y posterior retirada de los depósitos y en un mes como máximo deberá completarse el desmantelamiento de la planta.

Fuentes del Ejecutivo balear señalaron a este rotativo que se ha promovido una «importante» actuación de mejora y reasfaltado de la carretera por primera vez en 16 años, desde que se abrió este tramo en 2008. Se trataba, según el Govern, de una actuación muy necesaria por razones de seguridad y comodidad. En concreto, para reparar los desperfectos estructurales del firme de la vía (blandones) y para renovar la capa de rodadura, reduciendo así la contaminación acústica.

En cuanto a su tramitación, explicaron además que la planta asfáltica se trataba de una instalación temporal de fabricación de aglomerado asfáltico -no cemento- y, por tanto, no estaba sujeta al procedimiento de evaluación ambiental puesto que la Ley lo prevé únicamente para instalaciones permanentes. Cualquier autorización de actividad en estos casos se tramita en el Ayuntamiento correspondiente, puntualizaron también.

Desde la Conselleria balear respondieron así a la Asociación de Vecinos Puig des Planells que aseguraron el pasado viernes en un comunicado que, según Fiscalía y los agentes del Seprona de la Guardia Civil, la ejecución del proyecto de la planta asfáltica se inició sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental, un requisito fundamental para garantizar la protección del entorno y la salud de los residentes.

Estos vecinos recordaron que en verano del año pasado se instaló la polémica planta en la zona de sa Coma, un proyecto que generó una gran preocupación ante la falta de información y la posible afectación al medio ambiente. Por esta razón, llevaron la instalación de esta infraestructura a Fiscalía de Ibiza.

El pasado viernes, Fiscalía les respondió para informarles que «aunque no se ha podido cuantificar la posible existencia de impacto negativo medioambiental ni una repercusión negativa en la salud pública o el entorno natural» y, por tanto, los hechos no son constitutivos de un ilícito penal, «los agentes del Seprona, encargados de realizar el informe que se les pidió, han respondido deduciendo la posible comisión de una infracción administrativa muy grave». Según el mencionado informe, «la ejecución del proyecto se inició sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental, un requisito fundamental para garantizar la protección del entorno y la salud de los residentes».

Cabe recordar que las asociaciones de vecinos expresaron desde el inicio su «firme rechazo» a la instalación al considerarla perjudicial para la calidad de vida de la comunidad.

Los vecinos volvieron a exigir transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades competentes, así como el desmantelamiento inmediato de la planta.

Sobre la denuncia de estos residentes, desde el Consell d´Eivissa declinaron ayer entrar a valorar sus consideraciones sobre la falta de la declaración de impacto ambiental de la instalación.