Un Pleno del Ayuntamiento de Ibiza celebrado este año.

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El PSOE en Vila denunció este miércoles que el equipo de gobierno del PP debe dos millones de euros a empresas de la isla, algo que desde el consistorio han recordado que el plazo máximo es de 30 días, por lo que están dentro del «periodo de pago idóneo».

En un comunicado, los socialistas advirtieron del incremento «desmesurado» del número de facturas pendientes de pago y han señalado que los impagos se han producido por la «mala gestión» que llevan a cabo desde casi todas las concejalías. Al respecto, denunciaron que el periodo medio de pago se ha multiplicado por seis y que está actualmente en una media de 23,65 días cuando el PSOE lo dejó en 4,7 días. Asimismo, añadieron que los informes de Tesorería e Intervención destacan la «evolución de la morosidad» y el aumento del periodo medio de pago a proveedores, por lo que recomiendan adoptar las medidas necesarias. Para la concejala socialista Clara Rosselló es «gravísimo» que el alcalde Rafa Triguero «abuse de las empresas de Ibiza deban más de dos millones de euros por trabajos ya ejecutados».

Desde el Consistorio admitieron que el periodo medio de pago durante el año pasado aumentó, pero «tiene una explicación, dado que el cálculo aritmético que se ha aplicado durante el año 2024 y sucesivos debido a petición del Ministerio de Hacienda, Vila ha aplicado una nueva metodología de este cálculo y se ha procedido a parametrizarlo». Esta nueva metdología consiste en que ahora es obligatorio que la fecha para el cálculo que se tome como base es la fecha de entrada en el registro de facturas cuando antes era la fecha de aprobación de facturas. «Por eso, el plazo es sí o sí más largo. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Eivissa nunca ha superado los 30 días máximos que la ley marca de cumplimiento por esta magnitud», precisa Gema Marí, primera teniente de alcalde de Vila, quien añadió que «lo que exponen que se deben más de dos millones en facturas, esto es sólo una foto fija a 31 de diciembre. No son facturas pendientes de aprobar; son facturas que ya han pasado todo el proceso de aprobación y que únicamente faltaría el trámite de realización de la transferencia». En este sentido, acusa a los socialistas de confundir a la ciudadanía y concluye afirmando que los proveedores que trabajan con Vila «cobran dentro del plazo que marca la ley».