El pleno del Consell aprobó firmar un convenio con los registradores para reforzar la lucha contra el intrusismo turístico. | Irene Arango

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El pleno del Consell d’Eivissa aprobó ayer por unanimidad firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para reforzar la lucha contra el intrusismo turístico a través del registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio de 2025.

Esta moción, presentada por el conseller del Grupo Mixto (Unidas Podemos), Óscar Evaristo Rodríguez, fue apoyada por todos los grupos políticos durante la sesión plenaria. En este sentido, Óscar Evaristo Rodríguez recordó durante el pleno que el día dos de enero entró en vigor esta medida con el funcionamiento de la ventanilla única de arrendamientos de corta duración, aprobada en diciembre en el Consejo de Ministros, que obliga a los arrendadores a obtener un número de registro para la vivienda en alquiler y también exige comunicar a las plataformas digitales como Booking, Airbnb o portales inmobiliarios esta identificación obtenida por el Registro de la Propiedad.

«Estas plataformas no podrán publicar los anuncios de alquiler de corta duración si los propietarios no cuentan con este número de registro», subrayó el conseller de Unidas Podemos, resaltando que esta normativa se puede complementar con las medidas impulsadas por el Departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa.

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Coordinación

«De esta manera habrá una coordinación entre el Estado y la institución insular porque este convenio de colaboración facilitará el trabajo a los consells con este intercambio de datos a través del Registro de la Propiedad», afirmó, mientras explicaba que, como todavía no se ha establecido un régimen sancionador a nivel estatal en esta materia, se tendría que ejecutar a nivel balear.

Por su parte, el conseller del Departamento de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, recordó – antes de hablar de este convenio – algunas de las últimas medidas de control impulsadas por el Consell d’Eivissa para luchar contra esta práctica ilegal: desde las vías de control y sanción contra el alquiler turístico ilegal a través de los planes urbanísticos municipales hasta el aumento del número de inspectores de turismo, así como la aprobación del Plan de Inspección Turística que, entre otras propuestas, busca «una mayor responsabilidad de los propietarios» contra el alquiler ilegal que puedan estar realizando sus inquilinos. Una vez expuso estas medidas, el conseller del Departamento de Lucha contra el Intrusismo adelantó que esta norma europea – que obliga a registrar los pisos turísticos – «plantea grandes retos que necesitan un esfuerzo constante de coordinación a nivel nacional».

«Es una buena noticia y, por ello, apoyaremos la moción. Queremos ser de los primeros en suscribir el convenio», subrayó Juan, precisando que próximamente se reunirán con los registradores de la propiedad en Palma. No obstante, también precisó que esta medida no solventará todos los problemas que ocasiona la oferta ilegal porque los controles que tienen que realizar las plataformas para verificar que estos números son legales son «aleatorios».

El apunte

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El pleno del Consell d’Eivissa aprobó también por unanimidad instar al Govern a desmantelar la planta asfáltica de Sant Rafel en diez días. Esta instalación, según denunciaron los vecinos, está ocasionando graves problemas de contaminación acústica y fuertes olores. En este sentido, todos los grupos políticos apoyaron esta moción presentada por el conseller de VOX en el Consell, Jaime Díaz de Entresotos, quien explicó que el funcionamiento de esta instalación está provocando una «alarma social» entre los vecinos porque, cabe recordar, esta planta asfáltica está cerca de viviendas. «Con esta moción buscamos instar al Govern a cerrar esta instalación», apuntó el conseller de Vox, resaltando que desde el PP dieron forma a una propuesta transaccional para exigir tanto a la empresa concesionaria, que ejecuta las obras de reasfaltado de la carretera, como al Ejecutivo autonómico, el cierre de esta instalación en un plazo de diez días.