Imagen de archivo de la planta asfáltica.

El pleno del Consell d'Eivissa ha aprobado por unanimidad instar al Govern balear a desmantelar la planta asfáltica de Sant Rafel en diez días de forma definitiva. Esta instalación, según han denunciado en varias ocasiones los vecinos del pueblo, está ocasionando graves problemas de contaminación acústica y fuertes olores. En este sentido, todos los grupos políticos que conforman el pleno han apoyado esta moción presentada por el conseller de VOX en el Consell d'Eivissa, Jaime Díaz de Entresotos, quien ha explicado durante su intervención que el funcionamiento de esta instalación está provocando una «alarma social» entre los vecinos porque, cabe recordar, esta planta asfáltica está cerca de viviendas. «Con esta moción buscamos instar al Govern balear a cerrar esta instalación», ha apuntado el conseller de Vox, resaltando que desde el PP dieron forma a una propuesta transaccional para exigir tanto a la empresa concesionaria, que ejecuta las obras de reasfaltado de la carretera, como al Ejecutivo autonómico, el cierre de esta instalación en un plazo de diez días. «Si hay que presionar, nos parece bien», ha precisado Díaz de Entresotos.

Consecuencias

Hay que señalar que esta instalación tenía que funcionar temporalmente entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre, pero este funcionamiento se ha alargado en el tiempo, «sin notificación oficial por parte de las autoridades», provocando graves consecuencias para la salud pública y el entorno natural. Además, como esta planta iba a ser temporal, no se realizó un estudio de impacto ambiental previo. Por su parte, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodriguez, ha explicado que, aunque esta instalación no es competencia del Consell, sí que representa una preocupación social en la isla y, por este motivo, es esencial sacar adelante esta moción que exige parar dicha actividad. «Estamos de acuerdo con la transacción del PP; hay que desmantelarla lo antes posible», ha añadido. En esta misma línea se ha mostrado la consellera del PSOE en el Consell, Elena López, quien ha destacado que estas instalaciones incumplen la normativa porque no están sujetas a una licencia de actividad.

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Ha indicado que hace varios meses desde esta formación solicitaron a la Dirección General de Industria del Govern la documentación necesaria para comprobar el permiso de dicha actividad, «pero no atendieron nuestra petición ni nos trasladaron ningún informe». Por este motivo, la consellera ha adelantando que el PSOE votaría a favor de esta moción, presentada por Vox, para instar al Govern a desmantelar esta instalación. Por su parte, el conseller de Movilidad, Mariano Juan, ha insistido en la transacción acordada y la petición de cierre a la empresa concesionaria de la autovía de Sant Antoni con la aplicación de este compromiso de plazo de diez días. «Era importante poner un límite temporal. Nosotros no tenemos potestad para cerrar esta planta ni para tramitar ningún permiso legal porque es una obra que está haciendo la concesionaria con un contrato pactado con el Govern balear. Por lo tanto, esta moción es una propuesta política que exige un compromiso», ha apuntado Mariano Juan.

Unanimidad

También se ha aprobado por unanimidad en el pleno del Consell d'Eivissa la creación de un cuerpo de inspectores sociales que supervisen e inspeccionen de forma periódica las residencias de personas mayores. La moción presentada por el conseller socialista Víctor Torres ha señalado la necesidad de evitar situaciones como las que se vivieron en la residencia Colisée, donde tuvieron que ser las familias las que denunciaron negligencias en el centro sin que la administración que tiene las competencias en materia inspectora hubiera detectado la situación.

Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, ha destacado que llevan tiempo trabajando para crear un departamento de inspección y que ya se ha cubierto de forma interina una plaza. También se ha aprobado por unanimidad la necesidad de disponer de un centro de crisis 24 horas víctimas de agresiones sexuales y la cesión del primer tramo de la E-10 al Ayuntamiento de Vila.