La problemática de la vivienda fue la gran protagonista del pleno ordinario celebrada durante la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Santa Eulària. En el tercer punto del día, la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer, expuso los planes del consistorio de cara a la construcción de aproximadamente un centenar de Viviendas de Precio Limitado (VPL) en la zona de Puig d’en Valls, que desde su aprobación deberían estar finalizadas en un plazo inferior a los tres años. La medida, pionera en las Pitiusas, salió adelante haciéndose valer la mayoría absoluta del grupo municipal del Partido Popular en el pleno con al voto en contra de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos y la abstención del grupo VOX.
La iniciativa
Ferrer ha presentado la propuesta de la construcción de vivienda mediante «la constitución del derecho de superficie sobre dos parcelas municipales que suman un total de 3.000 metros cuadrado». Esta cesión de los terrenos se ejecutará por un plazo de hasta 75 años, en los que, una vez finalizados «serán revertidos al Ayuntamiento». En su exposición, ha explicado que se tratará de una «colaboración público-privada», por la cual saldrá a concurso la licitación de construcción de las viviendas. La iniciativa inyectará entre 70 y 100 pisos al mercado de alquiler regulado, con una superficie útil de entre 51 y 106 metros cuadrados.
Unas viviendas que tendrán tres tipologías según el número de habitaciones: un 40% de ellas será de una habitación, el 40% de dos habitaciones y el 20% restante, de tres habitaciones. La alcaldesa ha añadido que «aunque la ley establezca un mínimo de un 4% de viviendas adaptadas, es posible que finalmente este porcentaje termine siendo superior». Las viviendas, según han explicado desde el consistorio: «dispondrán de baño (sanitarios, ducha, mampara, banco de baño y espejo) y cocina (nevera, lavadora, horno y placa, fregadero y lavavajillas) equipados».
Requisitos
Las personas interesadas deberán cumplir tres requisitos generales: ser residente fiscal en España, no disponer de ninguna vivienda en propiedad en el país y estar empadronado en el municipio de Santa Eulària des Riu como mínimo 10 años de los últimos 20. Se otorgará medio punto por cada año de residencia superior a los 10 años hasta un máximo de 5 puntos.
El objetivo es que los jóvenes, los mayores y las familias sean los principales beneficiados. Por ello, para favorecer a las familias se sumará 1 punto por cada menor de edad que forme parte de la unidad familiar, mientras que se otorgarán 7 puntos adicionales si los solicitantes tienen entre 25 y 40 años o si son mayores de 65 años. Asimismo, también habrá un mínimo y un máximo de renta bruta anual según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para poder optar a los diferentes pisos, que oscilará entre 3 y 10 IPREM. El precio variará en función del tamaño y de la calificación energética que reciba finalmente la construcción. Así, habrá dos barreras en función del músculo económico de las familias solicitantes. Por lo que respecta al límite inferior será de 3 IPREM referido a 12 pagas cuando sea una única persona, mientras que subirá a 5 IPREM cuando sean dos mayores de edad (excluyendo a los hijos menores de 25 años que no superen los 8.000 euros de renta anual). Por lo que respecta a la barrera superior, no se podrá optar a viviendas de precio limitado si los ingresos de la unidad familiar superan 6 o 10 veces el IPREM (con las mismas características que en el tope inferior).
La medida no convenció a los grupos de la oposición. La primera de las réplicas corrió a cargo del PSOE por parte de su portavoz, Alan Ripoll, quien mostró su disconformidad con que se siga el modelo de vivienda de precio limitado y no el de vivienda de protección oficial. En este sentido, criticó que se apueste por la «privatización de un suelo municipal» en vez de apostar por «la construcción de vivienda pública». Ripoll expuso los datos de vivienda de Santa Eulària «que posee el metro cuadrado más caro de toda España y el mayor incremento en precio de la isla de Ibiza» y ha criticado que el municipio no sea declarada como «zona tensionada». También recriminó a la concejala de Urbanismo, Cristina Ramón, por «comprometerse en el pleno de octubre a la creación de una comisión para tratar los pliegos que nunca se celebró».
Tras ello, tomó la palabra el representante del grupo municipal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, quien también rechazó la medida por no suponer «una solución al problema actual de la vivienda», insistiendo de nuevo en la idea de declarar Santa Eulària como zona tensionada.
De la Fuente se mostró muy crítico con dejar a cargo de una licitación privada la construcción de vivienda «que debería ser pública, tal y como se hizo las pasadas legislaturas en el municipio de Ibiza». En este sentido, ha reprochado la falta de iniciativa en materia de vivienda «a un Partido Popular que lleva más de 40 años en la alcaldía de Santa Eulària».
Por último, fue el turno de la representante de Vox, Paula Salsoso, quien anunció su abstención, argumentando que «pese a celebrar la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Eulària de impulsar la creación de vivienda» temen que una vez finalizado ese plazo de cesión de 75 años «pueda llegar a caer en manos de fondos buitre».
Novedosa
Tras las intervenciones de los grupos, ha retomado la palabra la alcaldesa, Carmen Ferrer, quien lamentó «que no haya consenso de cara a una iniciativa novedosa en materia de vivienda en esta isla». Ha añadido en este sentido que el precio de la vivienda y las zonas tensionadas «se producen en todos aquellos puntos del territorio nacional en los que hay una gran demanda de trabajo, ya sea Cataluña, Madrid, Valencia o Baleares».
En el segundo turno, Ripoll le insistió «en esa falta de transparencia a la hora de presentar el proyecto y en lo tarde que éste llega». Por parte de Unidas Podemos se han sumado a esta crítica por la falta de esa comisión y por no establecer los términos de entrada a esas viviendas. Por último, Salsoso recordó «la cesión de suelos públicos a fondos buitre en el Ayuntamiento de Madrid» y ha rechazado «que sea una empresa quien determine los criterios de acceso a la vivienda».
Finalmente, la medida fue aprobada con los 13 votos a favor del PP, seis en contra – cinco del PSOE y uno de UP – y la abstención de Vox.
5 comentarios
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mirar a lo que se construye en esta epoca tan dificil ncalmahomes pleno centro precio barato
José Luisperdon...San Jose?¿?¿ que yo sepa Puig den Valls es del termino municipal de sta Eulalia en fin parece buena idea, lo de alquiler con unos requisitos y propiedad del Ayuntamiento, no acabo de entender esto de los 75 años, si nos lo explican mejor estaria bien
pero si eso está más cerca de ibiza que de San José, aunque sea su demarcación territorial, y tiene mas derecho quien vive a casi 20 kilómetros, que el que vive a 3, cosas de la isla.
Ya tiene el MENA denunciado por robo donde vivir cuando tengan 18 años. No es magia, son tus impuestos.
Demostrando que la sra. Ferrer no admite críticas. Escuchen a los vecinos.