Hospital Can Misses.

La consellera balear de Salud, Manuela García, aprovechó ayer la presentación del balance de la campaña de vacunación frente a la gripe para valorar las movilizaciones de los médicos contra el nuevo Estatuto Marco que plantea Sanidad.

En este sentido, la consellera denunció que la incompatibilidad de los jefes de servicio de la pública con la sanidad privada, que propone la ministra Mónica García, es una decisión puramente «ideológica». «A un médico que trabaja en un centro público hay que exigirle que realice su trabajo de manera ética, cumpliendo con sus objetivos, pero, una vez termina su jornada laboral, es libre de decidir cómo utilizar su tiempo libre», precisó Manuela García, resaltando que estos profesionales del sistema público tienen derecho a decidir si quieren ejercer también en la sanidad privada.

En esta línea, también recordó que, actualmente, la compatibilidad de los médicos para ejercer en la pública y la privada está vigente en la mayoría de las comunidades autónomas de forma reglada, siempre que se solicite al Servicio de Salud y la petición se autorice.

«No existe competencia»

«No estamos en competencia con la sanidad privada. He escuchado a la ministra comparar ambos ámbitos al decir que nadie se imagina trabajando en Coca-Cola y Pepsi sin ser consciente de que no existe esta situación de competitividad», lamentó la consellera balear de Salud, afirmando que en Baleares la sanidad pública colabora con la privada para mejorar los resultados en salud.

«Insisto en que es una decisión individual de cada profesional y nosotros creemos en la libertad de cada uno, siempre que se actúe de una manera ética», afirmó. En este sentido, también criticó que este borrador del Estatuto Marco no está consensuado con las comunidades autónomas. García señaló que este anteproyecto es un «documento de trabajo» que estudiará la Comisión de Recursos Humanos de cada comunidad autónoma, ya que, según lamentó la consellera, Sanidad no convocó a las comunidades a un Consejo Interterritorial de Salud para abordar estas modificaciones.

«Conocemos el borrador porque se han filtrado las propuestas que plantea Sanidad y, tras conocer estas modificaciones, creemos que este nuevo Estatuto Marco representa una pérdida de oportunidad a la hora de desarrollar nuevas fórmulas de gestión sanitarias muy necesarias para el sector», apuntó la consellera, quien mostró ayer su rechazo a este anteproyecto de reforma, tal como hicieron también los médicos de Baleares al unirse a las movilizaciones convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Cabe recordar que este martes por la mañana tendrá lugar una sesión de la Comisión Permanente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en la que se hablará de estas movilizaciones en las Islas para cerrar algunos detalles concretos, como, por ejemplo, determinar el mejor momento y la duración más adecuada para celebrar estas protestas sin que supongan un detrimento para los pacientes.

Protestas que, según explicó el presidente de Simebal y la CESM, Miguel Lázaro, tendrán lugar durante media hora los próximos 6 y 13 de febrero frente a los hospitales y centros de salud del archipiélago balear.

EL APUNTE

Cerca de 1.000 médicos de las Pitiusas, convocados a las protestas

El portavoz en las Pitiusas del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Carlos Rodríguez, destacó que cerca de 1.000 médicos de Ibiza y Formentera, el 12 % del total de las Islas, están convocados a las movilizaciones programadas por el sindicato para denunciar la reforma del Estatuto Marco de Sanidad. «Creo que en Ibiza habrá mucha asistencia porque he notado mucha preocupación entre los facultativos de la isla. Por lo tanto, espero que los médicos de Ibiza se hagan oír durante las protestas», adelantó este profesional, indicando que desde esta entidad sindical esperan el total rechazo del colectivo a este anteproyecto de reforma planteado por la ministra de Sanidad, Mónica García. «Es una reivindicación justa y, de momento, sólo serían movilizaciones puntuales. No estamos hablando de una huelga general en la que se fijarían servicios mínimos», subrayó Carlos Rodríguez con cautela a Periódico de Ibiza y Formentera.