Multazos de hasta 100.000 euros para las villas de Ibiza que contraten personal de seguridad privada sin habilitación

Dos agentes de la Policía Nacional en Ibiza. | Antònia Maria Portell Salas

TW
20

La Policía Nacional en Ibiza ha interpuesto varias sanciones tras detectar que villas de la isla eran vigiladas por personal y empresas de seguridad no autorizadas.

En un comunicado, la Policía ha explicado que, a través de su Grupo de Seguridad Privada, en junio descubrió cómo un individuo accedió al jardín de una vivienda y amenazó a un auxiliar de servicio que se encontraba realizando funciones de seguridad, para después huir del lugar corriendo.

Los agentes del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional, para comprobar la idoneidad de la prestación del servicio de seguridad privada prestado en la villa, iniciaron los trámites pertinentes.

Así, tras la investigación, se ha constatado que en la citada villa concurrían dos servicios de seguridad perfectamente definidos. Uno de ellos era prestado por una empresa de auxiliares no autorizada para ofrecer este tipo de servicios, utilizando para ello personal no habilitado como vigilantes de seguridad. El otro era ejercido por personal habilitado como seguridad privada que realizaba sus funciones por su propia cuenta, sin estar integrado en alguna empresa de seguridad privada.

Por estas infracciones se realizaron cinco propuestas de sanción en materia de seguridad privada, tipificadas las tres primeras como muy graves, correspondiendo a la empresa una multa de 30.001 a 600.00 euros; dos multas al personal no habilitado como vigilantes de seguridad con una multa de 6.001 a 30.000 euros y dos infracciones graves al personal que, estando habilitado, no ejercía sus funciones integrados en empresas de seguridad privada autorizadas, con una multa de 3.001 a 20.000 euros.

Cabe destacar que la contratación de este tipo de servicios de seguridad en villas debe de ser prestado siempre por personal habilitado y a través de empresas de seguridad privada autorizadas. De lo contrario, también podrían conllevar sanciones a los usuarios por infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada, con multas que van desde 20.001 a 100.000 euros.