La planta asfáltica que, en teoría, debía funcionar solo hasta el pasado 15 de diciembre. | Redacción Ibiza

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Los vecinos afectados por la planta asfáltica en Sant Rafel exigieron ayer en un comunicado el «cese inmediato» de la actividad de esta instalación así como su «desmantelamiento definitivo y la restaurazción de la zona afectada». Además, también expresaron su «profunda indignación y descontento» con el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell d’Eivissa y el Govern balear tras constatar que la planta ha vuelto a entrar en funcionamiento en esta semana. Este hecho contradice las promesas reiteradas de su carácter temporal y de su desmantelamiento el 15 de diciembre de 2024, señalan los vecinos en la nota facilitada a los medios de comunicación.

«En fiestas han estado de vacaciones y ahora han vuelto a empezar. Ya hemos chupado suficiente aire contamina. Parece que nos toman el pelo», aseguró ayer la portavoz de los vecinos Joan Boscà, quien añadió que «estamos a la espera de que Fiscalía actúe tras la investigación del Seprona».

Desde el primer momento, los vecinos de Sant Rafel, Es Fornàs, Can Nebot, Can Llaudis, Puig d’en Planells y otras zonas cercanas han expresado su preocupación por los riesgos que esta instalación, que suministra asfalto para las obras de la carretera de Sant Antoni, representa para la salud y el medio ambiente. «Las emisiones de contaminantes peligrosos, cancerígenos, el ruido excesivo, los olores desagradables y la posible contaminación de acuíferos son problemas que, lejos de resolverse, ahora vuelven a impactar negativamente en la calidad de vida de los residentes», afirman los denunciantes.

«Estamos profundamente decepcionados con la falta de transparencia y la ausencia de respuestas por parte de nuestras instituciones. No sólo han ignorado nuestras preocupaciones, sino que han demostrado una total falta de respeto hacia los residentes que vivimos a menos de 200 metros de esta planta asfáltica», apuntan los vecinos.

Los afectados también denuncian que no se ha llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental adecuada ni un seguimiento efectivo por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, «tal y como se prometió en su momento».