Los agricultores locales han reportado pérdidas de hasta el 40% en la producción de uva y aceite de oliva. Toni Tur Secorrat, presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, destacó que las torcaces atacan especialmente durante la maduración de los frutos, exacerbando una situación ya complicada por las sequías y el cambio climático. En su testimonio, Tur afirmó que la reducción en la producción de aceite es drástica, y que las cosechas de cereales también están gravemente afectadas. «El descenso puede rondar entre el 40% y el 50% en algunos casos», afirmó.
Otro caso es el de Esidro Ramis, agricultor de Sant Josep, quien lamentó que estas aves arrasan con sus cultivos durante todo el año. Su cosecha de grano de xeixa, por ejemplo, fue menor que la cantidad sembrada debido a los ataques de las torcaces.
En respuesta a esta situación, el Consell d’Eivissa declaró una emergencia cinegética temporal en julio de 2024. La medida permitió adelantar 35 días el periodo de caza, autorizando la captura de estas aves en cotos privados. Según el Servicio de Caza del Consell, en 2023 ya se habían recibido 57 solicitudes de intervención por daños en viñedos, huertas y otros cultivos.
La Federación Balear de Caza, a través de su representante Toni Roig, respaldó esta decisión. Roig, también afectado como agricultor, aseguró que desde hace una década no logra recoger ni un grano de uva de sus parras debido a las torcaces. «La economía agrícola está en peligro, y la caza es necesaria», concluyó.
La declaración de emergencia cinegética no estuvo exenta de críticas. Organizaciones como Mis Amigas Las Palomas (MALP) denunciaron al Consell ante la Fiscalía de Baleares por presuntas irregularidades en la aplicación de la Directiva Aves de la Unión Europea. MALP acusó a las autoridades de permitir la caza durante el periodo de cría y demandó soluciones alternativas más éticas. Por otro lado, el Grup d’Estudis de la Naturalesa reconoció que la torcaz es una especie cazable, pero criticó el enfoque adoptado.
Mientras tanto, agricultores y cazadores defienden que el problema es insostenible sin intervenciones directas. La Fiscalía de Baleares sigue investigando el caso, y el debate entre protección medioambiental y supervivencia agrícola sigue abierto.
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