Reunión de la Mesa de la Vivienda celebrada el pasado mes de julio.

Entre los proyectos activados por el Govern con el fin de hacer frente al grave problema de vivienda que se da en las Islas destaca el de Lloguer Segur, cuyo objetivo es recuperar para el mercado del alquiler residencial pisos y casas que hoy en día o están cerrados o se comercializan como alojamientos turísticos. El programa cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros para 2025. Presupuesto que, sin embargo, está en el aire por, de momento, nada indica que el Govern de Marga Prohens cuente con los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas del año que viene.

Sea como sea, el programa, que entró en marcha en el mes de noviembre, ya está ahí y son los administradores de fincas y los agentes de la propiedad inmobilaria los encargados de gestionarlo. Este programa permite al Govern fijar unos precios máximos de alquiler de cara a los propietarios. Precios a los que aplicará una reducción del 30% para facilitar el acceso a los posibles inquilinos. Es decir, será un alquiler a precio tasado y validado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares.

Los precios que fije el Govern tendrán en cuenta las peculiaridades del mercado de la vivienda en cada isla. Así, el máximo a pagar por parte de la comunidad autónoma en Mallorca y Menorca será de 1.500 euros mensuales, mientras que en Ibiza y Formetnera esta cantidad sube hasta los 2.1000 euros. Los inquilinos, por su parte, podrán acceder a alquileres por debajo de los 1.050 euros en Mallorca y Menorca y de unos 1.500 euros en las Pitiusas.

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Los propietarios que se adhieran al programa, además de tener garantizado el pago del alquiler durante el siete años, podrán beneficiarse de importantes desgravaciones fiscales mediante la reducción del 70% que establece la Ley 35/2006 del IRPF al tratarse de un arrendamiento de vivienda a la Administración pública.

Los propietarios, además, asumirán el impuesto sobre bienes inmuebles, las tasas de entrada de vehículos y las cuotas de la comunidad. En caso de que la vivienda esté amueblada, tendrán que hacerse cargo de las reparaciones en aquellos casos en los que la incidencia no tenga que ver con el inquilino.

Padrón

En cuanto a las condiciones, los inquilinos deberán empadronarse en la vivienda alquilada y aportar la documentación que garantice que pueden hacer frente a la renta, así como abonar un mes de fianza. Además, deberán demostrar un máximo de ingresos anuales de 60.667 euros si es una persona y 68.250 si son dos. Los inquilinos, además, por contrato deberán retornar las viviendas a sus propietarios en el mismo estado en el que les fueron entregadas. Y no podrán ser propietarios ni titulares de un derecho real de uso y disfrute de una vivienda en la isla en la que quieren alquiler la vivienda. Tampoco podrán tener parentesco hasta tercer grado con el propietario.