Rubén Ortega, juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, ordenó el pasado 20 de diciembre el sobreseimiento provisional del caso ‘La Vida Islados’, que investigaba al presidente del Consell d’ Eivissa, Vicent Marí. El caso se inició en diciembre de 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó al juzgado un informe de la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, creada por el PSOE durante el mandato de la expresidenta socialista Francina Armengol.
El magistrado concluye que las pruebas y testimonios recopilados durante dos años no han logrado demostrar que Marí cometiera los delitos de prevaricación, tráfico de influencias o coacciones a la entonces viceinterventora y actual interventora de la institución, María Ana Tur Díaz. Estos hechos estaban relacionados con la contratación de la campaña turística La Vida Islados’, una iniciativa de emergencia con un coste estimado de 250.000 euros, adjudicada a la productora Fuera de Escena. Esta campaña formaba parte de un plan global de promoción turística que incluía otras acciones con agencias de viajes online, navieras y medios de comunicación, tanto en televisión como en radio.
En su resolución, el juez subraya que «ninguno de los testigos con capacidad técnica y jurídica ha cuestionado» la contratación de emergencia de la campaña La Vida Islados. Además, argumenta que la utilización del contrato de emergencia era una opción «jurídicamente posible y defendible», dado el contexto de crisis turística en la isla. Por lo tanto, considera que la actuación de Marí se ajustó a la legalidad, ya que se basó en informes técnicos y sus decisiones pudieron haber sido recurridas, algo que no hizo el PSOE en su momento.
En cuanto a las acusaciones de tráfico de influencias, el juez señala que el relato de la Oficina Anticorrupción se sustentaba en «vagas sospechas iniciales» que no fueron confirmadas durante la instrucción. De hecho, la idea de que la productora Fuera de Escena pudiera haberse beneficiado de relaciones personales con las autoridades del Consell no ha sido corroborada con ninguna evidencia. El juez agrega que la administración pública contrató a la productora a precios por debajo del mercado, lo que benefició a los ciudadanos.
Respecto a las acusaciones de coacciones a la interventora, el juez concluye que no existen indicios de que Marí presionara de manera indebida a María Ana Tur Díaz. De hecho, aclara que no era la interventora quien debía dictar la resolución sobre la emergencia sino el presidente de la máxima institución insular. Asimismo, tras analizar más de 20 horas de grabaciones realizadas en secreto por Tur Díaz, el juez afirma que no hay evidencia de un comportamiento acosador por parte del presidente Vicent Marí, ni en los audios ni en las intervenciones del presidente durante el pleno del 25 de septiembre de 2020, que se enmarcan en su derecho a la libertad de expresión.
En el auto también se pone en duda la validez de las acusaciones formuladas por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, creada por el Govern de izquierdas de Francina Armengol. Desde el inicio de la investigación, Vicent Marí ha defendido que la Oficina incumplió sus propios procedimientos, negándole el derecho a ser escuchado y a presentar pruebas, lo que sí pudo hacer ante el juez. La resolución judicial concluye que las acusaciones de la Oficina Anticorrupción no han sido respaldadas por ningún dato o evidencia.
La valoración
Tras conocerse el auto, el presidente Vicent Marí compareció ante los medios de comunicación. «La instrucción judicial ha demostrado que no existen pruebas y que no hay ‘caso La vida islados’», afirmó un Marí que estuvo acompañado por los alcaldes Carmen Ferrer, Vicent Roig y Tania Marí, así como por los senadores y diputados Miquel Jerez y José Vicente Marí Bosó, representantes autonómicos, directores insulares y su equipo de gobierno, quienes lo respaldaron durante su intervención.
El presidente del Consell explicó cómo se había llegado a esta situación, apuntando que todo fue producto de «intereses partidistas del PSOE y de una Oficina Anticorrupción dirigida por socialistas que nunca buscaron la verdad, sino que su único objetivo era difamar y eliminar a un rival político».
Marí recordó que no tuvo la oportunidad de defenderse ante la desaparecida Oficina Anticorrupción. «No solo no se me permitió hablar, sino que he tenido que soportar insultos y toda clase de comentarios falsos por parte de destacados socialistas insulares, autonómicos y nacionales», añadió. «Los mismos que piden respeto por la presunción de inocencia son los que no la practican con los demás», dijo Vicent Marí.
El presidente insular afirmó que este proceso «fue fabricado por intereses políticos» y añadió que si la investigación judicial hubiera sido realizada por la Oficina Anticorrupción, «nos habríamos ahorrado todo este espectáculo mediático que tanto desprestigia nuestra labor como políticos». Marí también se refirió a su círculo cercano y colaboradores, destacando que ha sido «un proceso largo y difícil, en el que se me ha querido presentar como alguien que no soy ni seré». Recordó que cuando decidió entrar en la política lo hizo «por convicción», y aseguró que «si realmente quieres cambiar las cosas, tienes que implicarte». «Eso es lo que he hecho siempre, con honestidad y con la voluntad de aportar bienestar a los ciudadanos», según concluyó.
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