El conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, aseguró el día 10 de diciembre que el Govern está «examinando todas las vías posibles, desde todas las perspectivas imaginables». Palabras que Mateo pronunció ante el Parlament y como respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista ibicenca Irantzu Fernández, quien recordó en su intervención que, tras el desalojo, el PP, entonces en la oposición del Govern y del Ayuntamiento de Sant Josep, decía que la solución al problema era «muy sencilla e inmediata». Sin embargo, tras un año y medio en las tres administraciones implicadas, el problema ahí y no parece que vaya a solucionarse en breve.
Mateo señaló también en aquella intervención que se está buscando «una solución real y segura» para los afectados y que, además, cuente con el aval de los servicios técnicos y jurídicos.
Retorno
A finales de octubre, dos de las familias perjudicadas por esta situación decidieron retornar a sus viviendas como forma de protesta y exigiendo tanto al Govern como al Ayuntamiento una solución definitiva. El alcalde, Vicent Roig, se personó en el edificio al enterarse de lo sucedido y les recordó que el inmueble está en estado de ruina por lo que era peligroso para su integridad física permanecer allí. Roig explicó posteriormente que los vecinos le habían pedido revisar la declaración de ruina y convocar «de manera urgente» la comisión de seguimiento. Algo que, acabado prácticamente 2024, no ha sucedido.
El primer edil josepí dijo entonces entender perfectamente la desesperación de los afectados y aseguró que había trasladado rápidamente sus peticiones al Govern. «Están muy decepcionados», lamentó el alcalde, «les he transmitido que me da vergüenza que casi un año y medio después estemos en esta situación y que se hayan visto abocados a tener que hacer esto para llamar la atención de la Administración. Realmente, después de cuatro años es casi lógico que estén desesperados. Pero nosotros hemos estado donde debíamos estar, que es con los vecinos».
Así las cosas, concluye un nuevo año sin que estas familias hayan visto solucionados sus problemas. Problemas que estallaron cuando en 2020 el Ayuntamiento josepí, gobernado entonces por el PSOE, decidió declarar la ruina de uno de los bloques y obligó a los residentes a abandonarlo. A partir de entonces, la realidad es que los afectados han recibido todo tipo de promesas pero pocos hechos, más allá de las ayudas económicas financiadas por el Consell d’Eivissa.
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