Tal como había anunciado, la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) registró ayer una serie de alegaciones contra el Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de quienes se alojen en un establecimiento hotelero.
Alicia Reina, presidenta en Baleares de dicha Asociación, explicó a este rotativo que la decisión de presentar el documento se debe a «la inseguridad jurídica y operativa» que provoca todo este proceso, rechazado desde el principio por los empresarios del sector.
También aseguró que su aplicación «acelerada» sin contar con las resoluciones necesarias crea una gran incertidumbre. Al mismo tiempo, la falta de una plataforma funcional que ha registrado problemas de operatividad desde el primer momento «genera y acentúa esta inseguridad».
En las alegaciones, los hoteleros exigieron que se les exima de cualquier responsabilidad en relación a la veracidad de los datos que puedan comunicar los clientes. «Es totalmente descabellado al no poder verificarlos», advirtió.
«Si no se puede acreditar la exactitud del dato recabando el documento que la pruebe porque infringe la normativa europea de protección de datos, caben dos alternativas: o bien se elimina esta responsabilidad del hotelero o bien se establece expresamente que con la firma del viajero queda ratificada la exactitud de los datos proporcionados por éste y transmitidos por el hotelero», aseguró la AEDH en el documento dirigido al Ministerio del Interior.
Otra de las alegaciones se refirió a la duplicidad de obligaciones debido a la demanda de multitud de información personal a la que se ven sometidos los huéspedes por parte de diferentes organismos, un hecho «redundante e innecesario», y criticaron que se les obligue a conservar estos datos durante tres años, especialmente aquellos más sensibles como cuestiones de índole bancario.
El sector lamentó precisamente que el registro excede los principios de protección exigidos y recordó la necesidad de contar con un equilibrio entre la seguridad y la viabilidad económica asegurando que, en su caso, se han mostrado siempre sensibles a negociar con la otra parte, aunque el Gobierno se ha mostrado en todo momento «intransigente», lo que está quebrando dicho equilibrio.
Para Reina, las alegaciones reflejan el esfuerzo «claro e intenso» de la AEDH por proteger a los empresarios garantizando que las normativas sean «proporcionadas y respetuosas».
«Este es el primer paso dentro de nuestra estrategia para derribar este decreto mediante las vías jurídicas a nuestro alcance», concluyó.
Alegaciones
En su documento, entre otras cosas, los directores de hotel consideraron que debe implementarse un procedimiento para que el sistema de registro pueda realizarse directamente por el cliente en el momento de su llegada al establecimiento hotelero, bien a través de un stand de autochecking.
Proporcionado por el propio Ministerio y conectado a su sistema de transmisión de datos, bien incluso mediante la implantación de una aplicación en la que el propio viajero, previa descarga, pueda comunicar los datos de su registro sin que la empresa de establecimiento de hospedaje tenga que intervenir en ellos.
«Teniendo en cuenta que en 2023 se produjeron 347 millones de pernoctaciones, los datos personales de cientos de millones de personas -incluyendo los medios de pago-, se van a ver indudablemente expuestos», advirtieron también, señalando que, en ningún caso, está justificado que se obligue a la planta hotelera a almacenar toda esa información.
Desde el principio, el decreto provocó gran malestar entre patronales e instituciones turísticas de las Pitiusas.
El director insular de Turismo en Ibiza, Juan Miguel Costa, consideró que para cualquier recepción de un hotel la medida será sinónimo de colapso. Sin contemplar que el registro reste visitantes, sí que probablemente multiplicará las quejas e incidencias, manifestó.
Desde Fomento de Turismo de Ibiza, Alejandro Sancho reconoció que se trata de un procedimiento «bastante complejo, que además no ha sido consensuado con el sector».
También la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, María Costa, tachó de «exagerado» el nuevo registro, criticando la forma en la que se ha planteado y la información que debe solicitarse al cliente.
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