Desde el Consistorio explicaron este domingo que, en relación al Decreto de Turismo Responsable que establece que Sant Antoni es una de las zonas determinadas en el Decreto ley 1/2020, solicitan 8.865.744,56 euros para un proyecto destinado a la mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable. Esta iniciativa abarca tres años: desde 2025 a 2027.
En relación al proyecto para luchar contra la oferta ilegal, el Ayuntamiento portmanyí solicita 3.689.959 euros para el Plan de choque contra el intrusismo en Ibiza, abarcando también las tres próximas anualidades.
La teniente de alcalde Neus Mateu recordó ayer que dicho plan se tratará de impulsar desde todos los ayuntamientos de la isla, centralizando los trabajos el Consell. En cuanto a las necesidades de Sant Antoni incluidas en la propuesta, Mateu destacó que reclaman más efectivos de la Policía Local, contando incluso con una especie de celador para realizar determinadas funciones contra esta práctica ilegal.
«Estamos revisando la Relación de Puestos de Trabajo para ver cómo crear esta figura específica y otorgarle competencias en Urbanismo, ayudando a realizar inspecciones», comentó la teniente de alcalde.
Dentro de la propuesta, Sant Antoni solicita incluso la contratación de un letrado o técnico de nivel A1 para ayudar en las labores administrativas que la lucha contra el intrusismo pueda provocar.
«También queremos impulsar campañas de concienciación para que todos los visitantes sepan que el alquiler turístico ilegal está penado», señaló.
Mateu reconoció que esta temporada, a través de su Línea Verde, han recibido 10 denuncias por esta práctica ilegal, además de unas 10 más recibidas mediante otras vías.
«Será una forma de trabajar conjunta entre los ayuntamientos que resultará muy efectiva», consideró.
Durante el 2025 se realizará la inversión más importante destinando 1.277.000 a este plan, mientras que en 2026 y 2027 la partida ascenderá a 1.206.000 euros.
Seguridad
Sobre el proyecto para impulsar el turismo responsable en Sant Antoni, Mateu recordó que Portmany es uno de los cuatro municipios de Baleares que pueden optar a esta ayuda concreta. En este caso, la intención del Ayuntamiento será reclamar dinero para contratar a 10 policías locales y a 12 agentes cívicos y también para instalar cámaras de seguridad en zonas turísticas por valor de 300.000 euros.
«También queremos impulsar una gran campaña de comunicación. Si debemos estar luchando contra la venta del óxido nitroso, cómo podemos estar al mismo tiempo recordando una serie de medidas como no beber en la vía pública. La aplicación del Decreto nos supone tener más personal en la calle», comentó.
La primera anualidad de este proyecto ascenderá a 4.136.000 euros, mientras que la segunda y la tercera supondrán partidas anuales de 2.364.000 euros.
El Consistorio portmanyí tratará de conseguir fondos para tres proyectos de obras, entre ellos, la mejora de la calle Vara de Rey, entre el Passeig de Ponent y la calle Bartomeu Vicent Ramón con la creación de un nuevo bulevar. El presupuesto del proyecto asciende a 4.164.824,17 euros.
Además, solicitará 1.072.239,50 euros para la segunda fase de la creación del Centro Cultural Can Portmany, así como 1.025.045,08 euros para la construcción de una oficina sostenible destinada a la Policía Local en primera línea turística de la zona portuaria, ampliando también en el municipio la red existente de puntos de carga de vehículos.
2 comentarios
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Ahora entiendo el martilleo y la persecución a los alquileres vacacionales…no pagan Ecotasa, y los hoteles sí.
para que que quieren más Policía local si no hacen nada, te hartas a denunciar y no adelantas nada, lo que hay que hacer es clausurar pisos turísticos, cerrarlos. luego los celadores en la playa den bossa han estado tomando nota de construcciones ilegales y tampoco se ha hecho nada