Un grupo de turistas en la playa de Cala d'Hort después de realizar una excursión en kayak. | Irene Arango

Unides Podem ha presentado una proposición de ley ante el Parlament para que las instituciones insulares y el Ayuntamiento de Palma puedan imponer un recargo del impuesto de turismo sostenible (ITS) --de máximo cuatro euros-- y que esos beneficios puedan ser reinvertidos en cada una de las islas.

Así lo ha informado el impulsor de la incitativa legislativa, el conseller de Unides Podem en el Consell de Ibiza, Òscar Rodríguez, quien ha instado a aprovechar que tanto los partidos de derechas como de izquierdas están de acuerdo en la necesidad de aumentar la ecotasa «para afrontar la masificación turística». Además, según ha explicado Rodríguez, también presentado una moción para que la institución insular inste al Parlament a tomar esta medida.

De salir adelante la proposición de ley, cada turista pagaría la tarifa autonómica establecida por el Parlament y el recargo impuesto --o no-- por cada uno de los consells insulares. Esos beneficios extraordinarios, ha apuntado Unides Podem en un comunicado, sería reinvertidos en cada isla.

Noticias relacionadas

Según consta en la proposición remitida al Parlament, proponen hacer un añadido al artículo 13 de la ley balear que regula el ITS, para que tanto los consells como el Ayuntamiento de Palma puedan establecer un cobro extra del impuesto de un máximo de cuatro euros, que será entregada por el Govern a cada una de las administraciones.

«Cada isla presenta un modelo turístico único, con diferentes niveles de desarrollo, tipos de oferta e impacto sobre el entorno y la sociedad local», ha justificado Rodríguez. Mientras la tasa de turistas por residente es de 14 en la media balear, en Ibiza es de 21, ha ejemplificado, por lo que «no tiene sentido que el impuesto turístico sea igual en Ibiza que en Menorca».

La competencia en ordenación turística, ha recordado, pertenece a los consells insulares, así como mucho de los servicios que los visitantes usan, como las carreteras o el transporte público. «Es necesario que las instituciones insulares tengan más capacidad de decidir en un impuesto que incide sobre la oferta turística propia de cada isla, y también recibir más recursos para afrontar sus efectos perjudiciales», ha sentenciado el conseller ibicenco