Juanjo Ferrer reclama al PP que aplique topes en alquiler ante los «buenos resultados» donde se están aplicando

Según los datos del mes de agosto, los precios del alquiler en las Baleares ha crecido un 15,71% en solo un año. Y no solo eso, una habitación cuesta un 50% más que hace tres año. En cambio, en Cataluña, donde se aplica el tope a los precios que establece la Ley de Vivienda estatal, por primera vez en años los precios medios del alquiler han bajado un 5% respecto al trimestre anterior y un 0.1% respecto al año pasado.

El senador ha participado este martes en una moción sobre vivienda presentado por el Partido Popular, y aprovechó para denunciar «la nula política pública del Govern balear, que tiene las competencias». Ha señalado que actualmente se limitan «a hacer de inmobiliaria beneficiando solo a los propietarios, mientras que en Ibiza no paran de crecer los campamentos de tiendas de campaña e infraviviendas». Según el Senado pitiuso, los datos publicados de esta semana en un medio local de Ibiza, ya hay 14 campamentos de la isla. Además, Ferrer ha lamentado que se estén sancionando propietarios de infraviviendas para no tener licencia, «lo que es lamentable e insolidario».

Juanjo Ferrer ha destacado que delante la inoperancia de todas las instituciones públicas de las Baleares en manos del PP, solo el Gobierno de España tiene un proyecto serio en Ibiza, en Ca n’Escandell, que prevé la construcción de 500 viviendas protegidas, destinadas al alquiler. Según anunció la ministra de Vivienda hace unos días, están a punto de comenzar las obras de urbanización.

Corrupción

Por otra parte, el senador de Ibiza y Formentera ha intervenido también este miércoles por la mañana en una moción sobre corrupción, Ferrer ha lamentado que la derecha quiera dar lecciones cuando, en Ibiza, el presidente del Consell, Vicent Marí, está investigado por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por el caso del vídeo de ‘La Vida Islados’. También ha recordado que el Partido Popular de Ibiza se encuentra bajo investigación judicial para presuntamente utilizar fondos públicos en la campaña electoral. Ferrer se ha preguntado si «asumirán responsabilidades políticas».