Recopilación de imágenes del solar de Can Raspalls. | Ayuntamiento de Sant Josep

Hasta 91.000 euros de multa. Esa es la sanción que podría tener que hacer frente el comercializador de una tienda de campaña del asentamiento de Can Raspalls en la plataforma Airbnb. Lo anunció este miércoles Vicent Roig, alcalde de Sant Josep, en una rueda de prensa realizada en las instalaciones municipales de Sant Jordi para hablar sobre la situación de este asentamiento de infraviviendas. En dicha rueda de prensa anunció, además, sanciones contra la parte propietaria del terreno, una sociedad de inversores, por cubrir una actividad ilegal, y a los residentes del campamento, cuyas multas serían de hasta 750 euros por persona.

Desalojo próximamente

El alcalde Vicent Roig también que se procederá al desalojo del asentamiento en el cual los últimos días la Policía Local y la Guardia Civil estuvieron realizando un recuento de la cantidad de personas habitantes. Según las últimas comprobaciones, se identificaron 154 núcleos y un total de 206 camas. Sin embargo, no se ha fijado una fecha exacta para el momento del desalojo. Se ha especificado que dichas actuaciones se trasladarían a otros pequeños asentamientos del municipio, ubicados en zonas como Cala Tarida o es Cubells.

Salud pública

El alcalde josepí prosiguió explicando que el desalojo se produce con motivo del salud pública que supone a día de hoy el asentamiento, lo que facilita «que no sea necesaria una orden judicial para intervenir», en palabras del alcalde. El jefe de la Policía Local del municipio, José Antonio Granados, afirmó que en la última visita realizada por las autoridades encontraron desde las típicas acumulaciones de residuos que en otros asentamientos ya han provocado conatos de incendio hasta «excrementos humanos», con el riesgo que eso puede suponer para vecinos y transeúntes.

Durante la rueda de prensa se comentó que la situación de asentamientos en Can Raspalls no es nueva ya que las primeras denuncias con motivo de estos alojamientos ilegales empezaron a suceder en el 2015. Con el paso de los años, las tiendas de campaña empezaron a proliferar y ya durante los años 2022 y 2023 empezaron a sucederse las acciones. Lo que ahora ha cambiado es la relación con la propiedad.

Esta propiedad no es una persona física sino que se trata de una sociedad jurídica que representa a un fondo de inversión. Este fondo tenía un enlace en la isla de Ibiza que facilitaba la comunicación con el Consistorio. Sin embargo, este enlace ha desaparecido este año, lo que ha provocado que «no se haya podido establecer una comunicación directa con la propiedad», según afirmó el alcalde. Así, a la propiedad del solar, que tiene calificación urbanística de rústico, se le va a abrir un expediente sancionador «de gestión turística y de gestión de actividades y urbanismo por inacción y por encubrir una actividad ilegal-, anunció el alcalde VicentRoig. Estas multas podrían alcanzar «hasta el 75% del valor del terreno», precisó.

Vulnerabilidad

El alcalde también destacó que, durante las labores de identificación que ha ido realizando la Policía Local a lo largo de los últimos días junto con la Guardia Civil, también se ha realizado una serie de entrevistas. De ellas, han obtenido «que tan solo ocho de los entrevistados se encontraban en situación de desempleo» y solo hay contabilizadas tres personas -tres menores- en situación de riesgo de exclusión social, que ya están siendo atendidas por los Servicios Sociales del municipio. Respecto al resto, Roig comunicó que «no se han identificado situaciones de vulnerabilidad». Sobre el perfil de las personas que habitan en el asentamiento, se especificó que en su inmensa mayoría son saharauis que, en muchos de los casos, «no tienen nacionalidad ni, en muchos de los casos, permiso de residencia». También hizo alusión a que si hasta el momento no se habían realizado más denuncias ha sido por la situación de coexistencia pacífica que se producía en el asentamiento.

Respecto al futuro desalojo, el alcalde Vicent Roig afirmó qu no hay plazos marcados, pero sí que esta deberá incluir una limpieza completa de todo el terreno para hacer frente «a la inmensa cantidad de residuos generada». Todos los gastos derivados de estos trabajos de limpieza deberían abordarse con las sanciones impuestas tanto a los residentes como a la parte propietaria.   

Alquiler en Airbnb

Sobre la explotación turística de una tienda de campaña dentro del asentamiento, el alcalde Vicent Roig afirmó que tuvieron constancia de la existencia de este cuando la Policía Local encontró a dos turistas con sus maletas abandonando el espacio. Sin embargo, el anuncio estaba presente en la plataforma Airbnb ya desde este mismo agosto. Actualmente, dicho anuncio sigue activo, ofreciendo por 45 euros la noche una «experiencia de sobreviviente». En dicho anuncio se hace alusión a los supuestos beneficios del alojamiento:«Cómodo colchón doble, sabanas, heladera, implementos de cocina, sanitario seco, ducha de bolsa -10 litros- y luz de batería o energía solar», además de ofrecer el servicio de recogida del aeropuerto de manera gratuita, es decir, ofrece un servicio de taxi pirata, además del alquiler ilegal de la chabola.