La entidad Aspadif también se mostró preocupada por la falta de recursos públicos a la hora de atender a las personas incapacitadas judicialmente que hay en la isla. Algo que corroboró el juez decanoSergio González al señalar, en la reunión con Aspadif, que Aldaba solicitó no tutelar a más personas «porque no daban abasto».
«Cuando a una persona se le reconoce una incapacidad, la institución que pasa a ser responsable es el Govern», señalaron, haciendo referencia a la Fundación Aldaba y su servicio de tutela de adultos concertado con el Ejecutivo autonómico. Cabe recordar que esta entidad es la encargada de prestar el servicio que protege a las personas adultas tuteladas de Baleares, proporcionándoles atención jurídica, social y económico-administrativa.
Soledad Manzano, Antonia Colomar e Isabel Dorado, las mujeres que están al frente de Aspadif.
Al ser un servicio concertado, la valoración y la derivación para acceder a esta prestación las gestiona directamente Asuntos Sociales. Desde este departamento explicaron a este medio que Aldaba atiende, actualmente, en sus servicios de tutela, curatela o defensa judicial a un total de 70 personas en Ibiza y Formentera. «En general son personas que se encuentran en situación de desamparo total o de especial vulnerabilidad social: personas sin hogar, personas con problemas de salud mental grave, aislamiento social o dificultades en su entorno socio-familiar», apuntaron desde Asuntos Sociales, sin profundizar en la posible falta de recursos. Por su parte, desde Aspadif manifestaron que hay diferentes niveles de apoyo que indican el grado de dedicación que reciben las personas destinatarias del servicio de tutela. «No es lo mismo tutelar a un anciano de 70 años en una residencia que tutelar a una persona con un problema grave de adicción y salud mental», apuntaron, reclamando más recursos públicos.
«Nos llama la atención la agilidad y presteza que están teniendo las administraciones por licitar y habilitar recursos para los migrantes tutelados y lo lentos y burocráticos que son los trámites para nuestras necesidades de tutela», lamentaron. También exigieron una mayor especialización para tutelar a estas personas incapacitadas judicialmente. «Tutelar es amparar y proteger, y este servicio depende del Govern. En Mallorca sí que hay funcionarios que dan el servicio. En Ibiza estamos abandonados porque no tiene ningún sentido que el servicio de tutelas esté externalizado y sin ningún control desde Palma», lamentaron.
No obstante, adelantaron que seguirán luchando para lograr más recursos destinados a estos usuarios, donde están contemplados los pacientes con patología dual.
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