«Para abordar el aumento de incidentes en Sant Josep tendríamos que ser el doble de agentes»

—¿Cuáles son los delitos que más han aumentado en Sant Josep en comparación con la temporada anterior?
—Primero tenemos que separar las infracciones administrativas de lo que son hechos delictivos. En materia de infracciones administrativas, la venta ambulante está siendo un gran hándicap porque requiere de muchos recursos humanos para preparar un buen operativo y realizar un cierre efectivo de la zona. Si queremos ser eficientes y realizar decomisos de los productos de venta, lo que tenemos que hacer es preparar un operativo con cinco o seis agentes y llevar a cabo el cierre de la playa. Por ejemplo, en el caso de la playa de Ses Salines, no puedes operar con menos de ocho o diez agentes porque estos vendedores se escapan entre las dunas. El año pasado realizamos en este espacio una intervención con cuatro agentes de paisano y conseguimos captar varios puestos que había estáticos, pero esta actuación tuvimos que protegerla con más efectivos que estaban fuera porque los vendedores te llegan a recriminar estas intercepciones.

—¿Estos vendedores se llegan a encarar con los agentes?
—Yo recuerdo cuando entré a trabajar en el año 2000 que les pegabas un silbido para que observaran la presencia policial y venían, aunque es verdad que antes no se actuaba de forma tan tajante como ahora y había una cierta relación de cordialidad con ellos. Hoy en día los vendedores se te encaran y luego salen publicaciones en las redes que perjudican las actuaciones policiales en relación a esta práctica ilegal. Nos encantaría que la gente fuese más colaboradora en este sentido. Antes te desplazabas a un aviso y el uniforme imponía respeto, pero ahora parece que la gente sólo conoce sus derechos, y no sus obligaciones. Estos comportamientos nos obligan a cubrir según qué servicios con dos o tres patrullas.

—¿Los agentes se sienten inseguros a la hora de prestar su servicio?
—Hay servicios en los que prima la seguridad de la persona que necesita ser atendida, pero durante los servicios conflictivos para salvaguardar el orden público y la seguridad ciudadana prima nuestra seguridad. Somos trabajadores, e igual que llevamos nuestro chaleco antibalas a 40 grados, tenemos que ir a un aviso y saber que no vamos a salir lesionados durante esta asistencia.

—Además del problema de la venta ambulante, ¿qué delitos han aumentado este año?
—Este año hemos puesto muchas sanciones por estacionamiento ilegal de caravanas junto a las playas. Una problemática en Sant Josep con la que intentamos buscar el equilibrio entre la infracción y una salida viable para estos conductores aplicando la normativa. Lo que no podemos es tener una costa llena de caravanas ni tampoco permitir, por ejemplo, que toda la gente desalojada de Can Rova, por mucho que sintamos su situación, se desplace a Sant Josep. Son situaciones que desde el principio tenemos que intentar controlar o, por lo menos, mantener unos niveles de personas controlables y asumibles.

—¿Hasta qué cantidad ascienden las multas por acampar ilegalmente en las playas?
—Por regla general estas sanciones ascienden hasta los 750 euros de multa, pero si estás en un Parque Natural la sanción es de 6.000 euros. Nos preocupa mucho que estos vehículos estén estacionados en zonas turísticas y espacios naturales donde exista riesgo de incendio. Cuando esto sucede, desalojamos el espacio lo antes posible. Luego está la acumulación irregular de caravanas, la cual intentamos controlar porque genera un efecto llamada. Por lo tanto, una caravana estacionada en una calle no nos preocupa, pero cuando se acumulan cuatro o cinco en un mismo espacio, y empiezan las quejas vecinales, se desaloja el lugar tras el aviso.

—¿Cuántas sanciones han puesto por acampada ilegal esta temporada?
—Durante los primeros cuatro o cinco meses del año nos dedicamos a informar a los conductores y a solicitar su colaboración para intentar tener controlada esta práctica. También dejamos papeles adhesivos en estos vehículos estacionados irregularmente, y lo hacemos por las noches cuando están durmiendo y no te abren. Estos adhesivos informan a los conductores de la situación y la denuncia que supone esta práctica. Como muchos de estos conductores se van moviendo, grabamos la incidencia y, cuando los detectamos en otra zona de Sant Josep, denunciamos a la persona. Primero llevamos a cabo una labor más informativa, pero desde hace dos o tres semanas ya estamos denunciando. En total llevamos este año casi 80 denuncias por acampada ilegal y el año pasado pusimos unas 84 denuncias durante el verano. Es una práctica que está creciendo mucho en Ibiza; esperamos que las medidas de limitación de entrada de estos vehículos que quiere implantar el Consell sirvan de algo.

—¿Se ha incrementado también este año el fondeo ilegal de embarcaciones en las playas de Sant Josep?
—No ha aumentado esta práctica ilegal en la localidad. Desde la Policía Local de Sant Josep restringimos totalmente el fondeo en las zonas de baño y, durante todo el año, controlamos si hay degradación costera en el municipio como consecuencia de la pérdida de arena o debido a la acumulación de grandes restos de posidonia. Sin ir más lejos, en Cala de Bou se ha restringido totalmente esta práctica ilegal en la zona de baño y, desde el año pasado, se mantiene la eficacia de esta medida. También durante la temporada alta nos centramos en el control en tiempo real, a través de un sistema de vigilancia que no afecta la privacidad de las personas, de elementos instalados en las playas de Sant Josep, como, por ejemplo, las hamacas y las sombrillas ilegales. La ventaja de esta herramienta es que en un minuto controlamos la playa y observamos si se está cometiendo una irregularidad; si es así enviamos la imagen al departamento de playas y litoral.

—¿A través de este sistema también se vigila la venta ambulante en las playas del municipio?
—Sí. La venta ambulante en Sant Josep, como decía, es uno de los problemas que ocasiona más actuaciones de la Policía Local, especialmente en Cala Tarida y Cala Bassa; es espectacular la actividad que hay en esta última playa. Nosotros dedicamos mucho tiempo a la vigilancia de las playas para controlar la venta ambulante ilegal en la localidad. Hace dos días decomisamos varios kilos de material procedentes de controles contra esta práctica, sin embargo, estas personas vuelven a la venta en las playas porque asumen que pueden ser denunciados y perder su material. Además, muchas de estas personas no tienen una vida reglada en España.

—¿De qué manera aborda la Policía Local esta actividad ilegal?
—Nosotros realizamos estas actuaciones en la cuales se levantan actas de denuncia, pero este año vamos a empezar a tramitarlas e incluir, entre otros procedimientos, la tenencia de drogas. Lo que nosotros hacemos es decomisar todo el material con multas de hasta 1.500 euros; pocos vienen a por las pertenencias. Ya no hay tantas personas senegalesas, sino mucho argentino que vende prendas de ropa. Estos últimos sí que vienen cuando interceptamos una cantidad importante de enseres, ya que les merece más la pena pagar los 1.500 euros y llevarse su material.

—Ha destacado que esta práctica requiere un servicio con varios agentes. ¿Hay plazas policiales sin cubrir actualmente?
—Tenemos una plantilla orgánica de 57 plazas; nos quedan dos por cubrir porque ahora mismo somos 55 agentes en turnos de 7-7. Es más, el personal dobla durante la temporada muchos turnos y a estas alturas la plantilla está muy cansada y, por eso, se dosifica mucho. El problema es que, aunque sí disponemos de medios técnicos, no tenemos recursos humanos para poder llegar a todas los avisos de inmediato. Consideramos que para empezar a trabajar bien operativamente tendríamos que ser el doble de agentes o más; incluso barajamos cifras de 120 agentes en total. En invierno con la plantilla actual viviríamos bien, pero en verano es insuficiente.

—¿El equipo de gobierno está gestionando esta falta de recursos humanos?
—Se está intentando gestionar, pese a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que limita la contratación de más personal, la vía para hallar el resquicio legal que permita ampararnos para poder crecer. En el próximo pleno, con un poco de suerte, se propondrá una convocatoria pública para dotar a la Policía Local de 14 nuevas plazas. Según el alcalde de la localidad, durante la temporada alta tendría que haber cerca de 120 agentes para poder atender bien todos estos incidentes. Cabe recordar que tenemos 30.000 habitantes, pero también más de 30.000 plazas turísticas y la llegada de miles de personas de toda la isla que vienen a Sant Josep a disfrutar del ocio.

—¿Cómo afronta la Policía Local esta falta de personal?
—Debido a esta falta de personal y el aumento de incidencias, lo que hacemos es priorizar. Hay días que valoramos realizar el control de caravanas estacionadas de forma ilegal y otro día nos enfocamos en denunciar a los taxistas ‘pirata’ o a los vendedores ambulantes; vamos de aviso en aviso continuo. Sant Josep tiene una actividad frenética en todos los ámbitos a lo largo de sus 32 playas y 80 kilómetros de costa, además de tener varios lugares emblemáticos.

—También se ha incrementado la presencia de taxistas piratas en el aeropuerto e incluso el sector del taxi denunció que están cada vez más arraigados y profesionalizados en Ibiza.
—Es cierto, en los últimos años esta práctica ha crecido mucho. Esto no sucedía, por ejemplo, en el año 2015 porque en aquella época teníamos una unidad de policía turística que se centraba en esta actividad ilegal durante seis meses. Cuando desapareció esa figura, en lugar de disponer de 10 agentes trabajando 6 meses, pasamos a tener cinco policías trabajando todo el año; hemos ido reduciendo el número de agentes. Y, bueno, también es verdad que hoy en día tenemos muchas más incidencias que atender que hace años y muchos más servicios. Hace años no teníamos que controlar si un barco está fondeando bien porque antes no era un problema, mientras que ahora tenemos esta irregularidad y la actividad de los chárters ilegales. Incluso nos estamos cuestionando para el año que viene crear una unidad específica con un par de agentes que controlen las playas con una embarcación. Al final, la falta de recursos también en otras instituciones nos repercute a nosotros a la hora de cubrir servicios.

—¿En qué punto se encuentran este año las fiestas privadas en las villas de lujo?
—Este verano han aumentado bastante las fiestas en las villas. Cuando se trata de una fiesta privada clandestina implicamos al resto de administraciones como Hacienda, Servicios Sociales, Urbanismo y al Consell d’Eivissa. Es verdad que cuando estas celebraciones no cumplen la normativa las denuncias son muy potentes y el procedimiento administrativo que se lleva a cabo es muy eficiente porque de nada sirve sancionar con 300.000 euros de multa a una persona británica si después no vamos a poder tramitar la sanción. La última modificación de la Ley de Actividades define qué es una fiesta ilegal, pero, si las personas responsables de estos eventos no colaboran, pueden recibir otra denuncia al respecto. Hace poco fue sancionada en Sant Josep una persona con 200.000 euros por una fiesta ilegal, pero también la multaron con 165.000 euros más por no colaborar con los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

—Como todas estas ilegalidades continúen en la isla, Ibiza corre el peligro de morir de éxito.
—He escuchado muchas veces el mensaje ‘Lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza’ y, para estas personas, es así. Al final el delito y las infracciones se mueven por donde hay dinero. Cuando tenemos un lugar o un establecimiento que congrega a miles de personas con capacidad económica se promueve la prostitución y la droga, además de los hurtos y los robos; es una cadena. Te hablo de la pura teoría de mercado, sin extrapolarla al ámbito criminológico. Si no hubiese dinero, no habría gente a la que robarle un Rolex, ni se compraría cocaína ni se comprarían servicios sexuales. Ibiza está muriendo de éxito.

—Y en el caso de los alquileres turísticos ilegales, ¿la Policía Local de Sant Josep dispone de una unidad específica?
—Nosotros enfocamos el intrusismo dentro de la problemática del alojamiento turístico, aunque también es verdad que en este municipio no padecemos esta práctica con los pisos turísticos; nuestro gran problema son las villas. Cuando recibimos el aviso y constatamos esta actividad ilegal, se rellena el formulario de detección de alojamientos turísticos ilegales. Sin ir más lejos, el año pasado se registraron cerca de 50 formularias. Aquí tenemos tensados 600 alojamientos turísticos legales y estimamos que puede haber el doble de ilegales, pero la mayoría son villas. Antes teníamos muchos problemas en relación a estas actividades, pero han disminuido. Actualmente los avisos denunciando la procedencia de ruido que proviene de fiestas privadas se ha reducido en comparación a otros años; esta práctica la tenemos muy controlada. Es verdad que llevamos tres años haciendo un gran trabajo en esta línea. Además, tenemos una buena sinergia y colaboración con las empresas privadas en este sentido.

—¿Cuántos avisos se reciben durante la temporada?
—En 2023 tuvimos 116 y este año 144 avisos. No obstante, en total puede haber unas 500 llamadas que engloba también aquellos eventos privados que son fiestas legales. Hay dos tipos de ilegalidad; por un lado la posibilidad de organizar una fiesta privada ilegal en la que se cobra por entrar, que requiere una multa de 30.000 o 300.000 euros, y luego está la posibilidad de que sea un evento en una casa multitudinaria con 200 personas, que no se cobre, pero que exceda el uso normal de una vivienda. Por lo tanto, es una actividad que requiere de un título habilitante, una licencia del Ayuntamiento que muchas veces no tienen. Cuando esto sucede se interpone una denuncia de 60.000 euros.