Una de las principales propuestas por el Sindicato es la restricción de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que además suelen adquirirla por segundas residencias. En las Baleares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado el 40% de operaciones inmobiliarias fueron con extranjeros. El senador coincidió con el hecho de que «sería importante que la población residente tenga prioridad a la hora de adquirir una vivienda».
El planteamiento que se haría es exigir un tiempo mínimo de residencia con el fin de poder comprar un piso o casa. En estos momentos la legislación europea no permite esta posibilidad, y por ello sería necesario hacer cambios en el marco legal. Ferrer se ha comprometido en trabajar desde el Senado para que el Gobierno del Estado impulse esta modificación de la normativa europea, con excepciones para las islas motivadas por la emergencia de vivienda.
El Sindicato de Inquilinos mostró también su preocupación por la compra de inmuebles, normalmente edificios enteros, por parte del fondo de inversión, que acaban expulsando los residentes habituales y los alquilan a precios altos también habitualmente a extranjeros, Este fenómeno se está multiplicando a causa del atractivo que tienen las islas por los llamados ‘digital nomads’ (nómadas digitales que trabajan online y vienen a residir a Ibiza).
Otro motivo de preocupación por los inquilinos son las «trampas» que hacen algunos propietarios con los contratos de temporada, usando esta figura de forma irregular para el alquiler todo el año, lo que les permite subir precios de forma indiscriminada y echarlos antes de los cinco años. El Sindicato explicó que han actuado con denuncias ante varios casos en Ibiza y la Justicia les ha dado la razón.
Por otra parte, se habló también de la necesidad de aplicar topes a los precios del alquiler, tal como prevé la Ley de Vivienda estatal. «Medidas que ni el Gobierno del PP ni los ayuntamientos gobernantes para la derecha quieren aplicar en Ibiza y Formentera, aunque sea una de las zonas más tensadas por el Estado por lo que respecta a los precios», afirmaron desde el Senado pitiuso en una nota de prensa.
Finalmente, el Sindicato de Inquilinos pidió medidas contra la organización Desokupa, que está «bastante activa» en Ibiza y «coacciona» a las personas para que abandonen los inmuebles.
1 comentario
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Ya lo dije hace tiempo y lo repito No se podrá impedir la compra a no residentes, pero si se les puede aplicar unos impuestos del 100% y bonificar a los residentes, igual que se hace con los vuelos