Cuando la unión vecinal de Ibiza consiguió frenar una discoteca

Precisamente fueron unos vecinos, en junio de 2002, quienes dieron la voz de alarma al comprobar cómo se comenzaban a ejecutar una serie de movimientos «sospechosos» en el complejo de Santa Gertrudis donde solían celebrarse barbacoas y espectáculos para grupos de turistas. Tras descubrir que allí se quería abrir una discoteca, los residentes comenzaron a recoger firmas y, aunque inicialmente desde las instituciones les quisieron tranquilizar, todo cambió después de las elecciones de 2003, cuando el discurso de los gobernantes municipales e insulares «varió por completo», según recuerda el autor del libro Marià Mayans.

El también presidente del Institut d´Estudis Eivissencs narra ahora estos hechos en ‘El dia que Santa Gertrudis va dir: NO!’, un interesante trabajo que se presenta este viernes 5 de julio a las 20.30 horas en el Bar Nou de la localidad de Fruitera.

«Era una discoteca que nadie quería ni necesitaba, así que nos opusimos a ello», comenta Mayans en relación a la polémica discoteca.   

Un empresario argentino, relacionado con el sector del ocio en su país, quiso abrir en Ibiza, y más concretamente en Santa Gertrudis, un local con el sugerente nombre de La Diosa, antiguamente Can Malacosta.

«Estábamos muy escaldados con estas cosas y por eso nos mostramos en contra desde el principio», reitera.

Con el libro, Mayans quiere agradecer la implicación de muchos vecinos en el conflicto «perdiendo tiempo y dinero para evitar que aquel proyecto se llevara a cabo». También pretende evidenciar que, cuando el pueblo tiene la razón y aúna esfuerzos, se logran grandes cosas. Su lucha, según puntualiza, no sólo fue en contra de la actividad de aquel empresario argentino, sino que se buscó denunciar la «pasividad» o incluso «complicidad» de las instituciones de la época.

El establecimiento de Santa Gertrudis disponía de unos permisos concedidos en los años 70, cuando podía funcionar como restaurante y pequeña discoteca para 150 personas. Basándose en estas licencias, el empresario argentino quiso abrir después un gran local en plena zona rústica, ejecutando además obras ilegales en el conocido complejo.

«El Ayuntamiento de Santa Eulària dio por buenos los permisos para que la cosa funcionara, aunque finalmente la Justicia dio la razón a los vecinos de Santa Gertrudis a través de dos recursos que entraron en 2004 y que se resolvieron en 2012. Después de todo, aquello no dejaba de ser un disparate. Cuando vimos que con la vía política no teníamos nada que hacer porque nos habían abandonado, acudimos a los tribunales», comenta Mayans.

El autor no quiere ni imaginarse lo que hubiera supuesto la apertura de una macrodiscoteca en Santa Gertrudis.

Mayans no se cansa de agradecer la implicación de decenas de vecinos que, a lo largo de los años, han logrado frenar en Ibiza otros proyectos de este tipo, «acciones que siempre vale la pena intentar y si logramos después pararlos, mejor», reconoce.

«La prueba de que muchas cosas en Ibiza no deberían haber ido adelante son situaciones que estamos viendo ahora. Tendríamos que habernos parado y replantear muchas cosas», concluye.

Hechos

No fue hasta noviembre de 2012 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ratificó la ilegalidad de la discoteca al desestimar un recurso presentado por la promotora tras la clausura de la actividad. De esta forma se dio la razón a la Asociación de Vecinos de Santa Gertrudis que mantenía el litigio con la empresa y con el Ayuntamiento de Santa Eulària por la apertura de un local que carecía de licencia para abrir como discoteca.

En la sentencia se obligaba al Consistorio a «clausurar la actividad no amparada por licencia y la incoación de un expediente de infracción».

La sentencia era bastante dura con la actuación del Ayuntamiento al creer que actuó con una actitud «totalmente reprochable y contraria a derecho».

Según relataba el fallo judicial, el Consistorio exigió en junio de 2003 a La Diosa que subsanara una serie de deficiencias que había advertido, «dictándose incluso resolución que acordaba no proceder a la reapertura hasta que no se hubiera arreglado todo». En este sentido, se consideró «reprochable» la actitud de «permisividad» del Consistorio, que tuvo «fe ciega» en la empresa y dejó que reabriera el local sin haber subsanado las deficiencias detectadas.