Caravanas estacionadas en Ibiza. | Toni Planells

En el próximo Consell d'Alcaldes, que tiene previsto volver a reunirse en junio, estudiará la cesión de solares municipales para dar servicio a los centenares de autocaravanas acampadas en multitud de puntos de la isla y puedan verter sus aguas grises y negras en puntos habilitados a tal efecto. De esta manera, se reducirían los efectos nocivos que la presencia de estos vehículos provocan en el medioambiente.

La falta de vivienda a precio asequible en Ibiza ha provocado que muchas personas se vean obligadas a vivir en autocaravanas que en los últimos años se han acumulado en terrenos convertidos en auténticos campamentos de este tipo de vehículos que carecen de las instalaciones necesarias donde poder evacuar las aguas residuales. En este sentido, el pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer una moción presentada por el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, en la que reclamaba a que la institución insular «cogiera el toro por los cuernos» y ofreciera una solución a este problema ambiental.

Desde el Partido Popular, que dio su apoyo a la medida, explicaron que según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Ibiza han censadas 700 autocaravanas y que los alcaldes de Ibiza tienen previsto abordar esta situación en la próxima reunión del Consell d'Alcaldes. «En ningún caso se ofrecerá suelo público para que haya poblados, sino para dar servicio a las autocaravanas durante un tiempo determinado. No podrán pernoctar ni acampar, sino que serán áreas técnicas», señaló el conseller de Territorio, Mariano Juan.

El PSOE, que se abstuvo en este punto, criticó que en materia de vivienda «no se esté haciendo nada». Su portavoz, Josep Marí Ribas, apuntó que «nos da miedo que acabemos consolidando una manera de vivir que no es propia de aquí», mientras que el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, señaló que «no podemos consentir que nadie viva en infraviviendas».

Centro para menores

El pleno también aprobó ayer la ampliación del número de anualidades de un contrato que permitirá activar en Ibiza el primer servicio público de Baleares de acogida residencia destinado a menores de edad en situación de custodia o tutela por el Consell d'Eivissa, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes.

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La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, explicó que estos menores sufren «problemáticas muy graves que necesitan otra intensidad de atención y muy profesionales» y que incluso corren el riesgo «de ponerse en peligro ellos mismos». Este contrato, que tendrá un coste de 907.000 euros anuales, permitirá evitar traslados innecesarios a centros de la Península e involucrar a las familias, lo que facilitará la reincorporación del menor en su entorno.

El pleno también dio luz verde a las primeras unidades verticales, que son las que se estructuran en pequeños grupos destinados a menores de muy corta edad para ofrecer un ambiente similar al de una unidad familiar y priorizando la no separación de hermanos y el mantenimiento de los entornos sociales, escolares y de amistad. En este caso, se han creado cuatro lotes divididos en municipios (Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni) para promover que los jóvenes acogidos estén lo más cerca posible de sus ambientes.

Este servicio se licitará para dos años prorrogables por tres años más, estará dotado de 24 plazas y tendrá un coste de 2,6 millones de euros anuales.

Finalmente, también se habilitará un servicio de acogida de menores extranjeros no acompañados, con el objetivo de ofrecerles todas las herramientas necesarias para su integración. Un servicio que servirá para descongestionar el Centro de Menores Pare Morey, que se encuentra saturado por la llegada de menores inmigrantes a bordo de embarcaciones procedentes del norte de África y que se licitará para un periodo de dos años prorrogables durante tres años más, estará dotado de 16 plazas y tendrá un coste 1,7 millones de euros euros anuales.

‘No' de Vox a los inmigrantes

El conseller de Vox votó en contra de este punto porque, en su opinión, no se puede «responsabilizar a los contribuyentes de Ibiza de que estas personas hayan entrado ilegalmente». Para Díaz de Entresotos, «los menores hay que protegerlos vengan de donde venga, pero el Estado no puede permitir que menores, en ningún caso, entren de forma irregular. No podemos justificar esta política, hay que protestar, no podemos quedarnos callados». El conseller de Vox señaló que la mejor alternativa para estos menores inmigrantes «sería necesario el acogimiento familiar. Habría que preguntar a toda la gente católica apostólica y romana y a la progresista de esta isla, a ver quién dice que sí, porque hay mucha hipocresía».

La consellera Escandell explicó que el hecho de que estos servicios tengan una duración máxima de cinco años es necesario para darles «estabilidad», ya que los menores tutelados por el Consell d'Eivissa «merecen nuestro máximo esfuerzo.