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Sergio Lleó destapó hace unos años los presuntos abusos cometidos por un conocido sacerdote de la Diócesis pitiusa. Tras colaborar con el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre estos delitos registrados en el seno de la Iglesia Católica, Lleó celebró que se anuncie ahora la reparación económica contemplada para víctimas cuyos casos han prescrito. Para ello, el Gobierno creará un órgano administrativo temporal, además de impulsar un fondo estatal para el pago de las compensaciones.

En una carta remitida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo destacó el «acto de generosidad» realizado por Lleó al hacer público su caso. «Se trata de responder, es necesario, incluso imprescindible», señaló Gabilondo en el escrito recibido por Lleó.

«Estamos consiguiendo aquello por lo que estoy luchando desde hace tanto tiempo y que se indemnice a las víctimas, incluso habiendo prescrito los delitos. En este caso estoy muy contento, aunque queremos que se haga justicia penal», reconoció Lleó.

También explicó que todo este proceso le «ha degradado mucho» mentalmente, hasta el punto de que no ha podido terminar la carrera universitaria que estaba cursando.

Sobre las críticas del Defensor del Pueblo al Obispado de Ibiza y Formentera por su «poca colaboración» a la hora de facilitar información sobre los posibles casos de abusos sexuales en la Iglesia pitiusa, Lleó se limitó a decir que «yo he llamado al obispo muchas veces y nunca me ha cogido el teléfono».

En el informe de Gabilondo, se contempla también la adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de estos delitos.

Fue en 2021 cuando Sergio Lleó prestó declaración por orden del Vaticano ante un investigador y un notario de la Archidiócesis de Valencia tras hacer públicos los presuntos abusos en redes sociales. Lleó aportó incluso los nombres de otras víctimas. En su caso, dichos abusos habrían ocurrido en la década de los 90 cuando Lleó era monaguillo de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Ibiza. «Una denuncia formulada en redes sociales es igual de válida que acudir a los juzgados en estos casos», aseguró.

En octubre de hace dos años, la Diócesis pitiusa anunció la expulsión del ministerio sacerdotal de Juan Manuel Souza, acusado de delitos similares.

Lleó repasó además los logros conseguidos en los últimos tiempos «gracias a la presión realizada». Según él, entre ellos estaría la decisión del presidente Pedro Sánchez de poner en marcha la comisión de investigación de abusos por parte del Defensor del Pueblo, además de promover importantes cambios introducidos en códigos eclesiásticos. También, aseguró haber conseguido en las Cortes la derogación de las leyes sobre la prescripción de abusos sexuales a menores. «Se hizo gracias a mí», insistió.

Lleó, quien tiene intención de viajar a Roma para poder reunirse con el Papa Francisco, consideró que la creación de un «monumento a la verdad» en Ibiza «sería bastante reconfortante para las víctimas». «Le entregué una carta al Papa, que es el mejor de todos. Todo lo que le he pedido, se ha cumplido», concluyó, no sin antes lamentar que su caso prescribió en septiembre del año pasado, aunque no le notificaron nada desde los Juzgados.

Fue el pasado mes de agosto cuando se anunció que el Ministerio Fiscal solicitaba para el expárroco de Ibiza, Juan Manuel Souza, un total de seis años de prisión por sendos delitos de abusos sexuales continuados. Según el escrito de acusación al que tuvo acceso Periódico de Ibiza y Formentera, la Fiscalía también reclama la prohibición de comunicación o aproximarse a menos de 100 metros de las víctimas durante un periodo de cinco años.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama una indemnización de 20.000 euros para una de las víctimas y de 9.000 euros para el otro afectado por los daños morales y psicológicos sufridos.

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