El Ayuntamiento había solicitado por escrito días antes a Costas algo que ya le habían propuesto hace tiempo de forma verbal: que se autorizasen todas aquellas concesiones que no presentasen ningún tipo de objeción y que sólo quedasen pendientes de poder instalarse o iniciar su actividad aquellas que tengan algún reparo subsanable. «Este sistema se ha usado habitualmente en los últimos años y permitiría no tener a decenas de concesionarios y trabajadores sin poder trabajar cuando no existe ninguna objeción para ello, puesto que en el informe remitido por la Conselleria Balear de Medio Ambiente se informa favorablemente la inmensa mayoría de lotes propuestos», expresaron desde el Consistorio de la Villa del Río.
Dichas objeciones de Medio Ambiente afectaban sólo a algunos lotes (que no todos) de cinco playas (s'Argamassa, Cala Martina, es Canar, Cala Nova y es Figueral), «por lo que en los lotes que no están afectados de estas playas y en los del resto (Canal d'en Martí, Cala Boix, Cala Mestella, Cala Llenya, Cala Pada, es Niu Blau, sa Caleta, Santa Eulària, Riu de Santa Eulària, Caló de s'Alba, Cala Llonga, Cala Olivera, s'Estanyol y sa Punta des Andreus) se podría trabajar con absoluta normalidad, con lo que eso supone de puestos de trabajo, movimiento económico en el municipio y prestación de servicio a los vecinos y turistas», apuntaron.
En cuanto al segundo informe al que aludió la responsable de Costas a este rotativo, y que sería el que Costas afirma estar esperando para realizar su resolución, «dado que no se nos ha hecho ningún requerimiento de nuevas subsanaciones entendemos que dicho informe corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. Si es así, desde el Ayuntamiento se pide a la administración autonómica que tenga en cuenta el perjuicio que puede provocarse a los empresarios y trabajadores afectados y que resuelva cuanto antes el trámite que le corresponda», precisaron.
Por último, desde el Ayuntamiento reiteraron que la tramitación que se realizó «era similar a la realizada en los años precedentes, sin que en ningún momento se nos exigieran condiciones diferentes, por lo que se siguió el mismo proceso que había permitido que los otros años se aprobaran sin mayores problemas» y concluyeron afirmando que «si se nos hubiese informado con antelación de que existían cambios en el procedimiento se habría adaptado la propuesta a las nuevas exigencias pero no ha sido así».
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