El juzgado admite que Marí declare después de las elecciones porque no había más días disponibles

En un comunicado, el PP cuestionó que se responsabilice a Vicent Marí de la agenda judicial al haberse aplazado al 2 de junio su declaración. Desde el PP precisaron que «se repite por enésima vez que el presidente Vicent Marí ha pedido comparecer desde el primer minuto y la Oficina Socialista anticorrupción no ha tenido ningún pudor en mentir y saltarse su propio reglamento con tal de evitar que en el expediente figuraran las pruebas que el presidente ha querido presentar en todo momento».

En el comunicado, el PP indicó    que Vicent Marí pidió comparecer el 28 de julio de 2021 y el 11 de marzo de 2022 ante la Oficina Anticorrupción; el 7 de abril ante el fiscal jefe de Baleares y el 12 de abril en Fiscalía; y el 3 y 10 de agosto y en noviembre en el Juzgado de Instrucción. «En total, siete ocasiones en las que Vicent Marí ha pedido comparecer sin que se haya atendido su petición», según recordaron.

El PP consideró que «llama la atención que se acuse precisamente a Vicent Marí de dilatar el proceso cuando fue una de las partes que acusan al presidente la que pidió aplazar la comparecencia prevista el 9 de febrero y fue el presidente quien se opuso a este aplazamiento».

El PP sostuvo que el PSOE «inventa» un «falso deseo de Vicent Marí de dilatar este montaje, cuando sus acciones en todo este tiempo han demostrado precisamente lo contrario». También lamentó que el PSOE, con sus declaraciones, evidencia que «solo quieren usar este tema para dañar la honorabilidad de Vicent Marí ante su clara incapacidad de proponer alguna iniciativa en beneficio de nuestra Isla». «Los tiempos judiciales no los marca ni el PP ni Vicent Marí, y lo que a algunos parece molestarles es no poderlos marcar, como han hecho hasta ahora, demostrando una vez más la clara intencionalidad política de esta denuncia», según concluyeron, asegurando que el PSOE «se inventó este relato».

Marí está citado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que deriva de una denuncia del PSIB sobre la campaña La Vida Islados. La querella hace referencia a un contrato adjudicado a dedo por valor de 250.000 euros en 2020, que según los socialistas se habría realizado aprovechándose del estado de alarma durante la pandemia para beneficiar a una determinada empresa con vínculos con el PP.

El presidente estaba inicialmente citado para febrero, pero esa convocatoria se aplazó al 6 de marzo a petición de la defensa de la interventora del Consell que acusa a Marí de coacciones, puesto que se acababa de personar en el proceso.

Por su parte, el Govern balear pidió ayer «explicaciones urgentes» al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto.