«Hay viviendas clandestinas por todas partes, están dispersas por toda la isla», explica el presidente de Fomento del Turismo. | Daniel Espinosa

El sector hotelero de Ibiza continúa adelante con su ferviente lucha contra los alojamientos clandestinos ofertados en la isla. Una insistente preocupación que se puso sobre la mesa durante la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Esta problemática, como ya ocurrió en la World Travel Market London (WTM), dejó en segundo plano cualquier previsión optimista que el sector pudiese tener con la llegada de turistas antes del inicio de la temporada, puesto que los hoteleros están alarmados por el creciente intrusismo que afecta al sector.

Sin ir más lejos, el presidente de Fomento del Turismo Alejandro Sancho estima que la oferta de alojamiento ilegal en Ibiza ya supera a la regulada con unas 100.000 plazas irregulares. Cabe recordar que cuando este medio preguntó a Sancho sobre esta problemática durante la WTM, hace dos meses y medio, las cifras aportadas no superaban todavía la oferta reglada. En este sentido, según los datos ofrecidos por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) y el Consell d’Eivissa, hay más de 95.000 plazas dadas de alta. De éstas, solo 54.000 son hoteleras, cifra prácticamente idéntica a la de hace diez años, y el resto corresponde a viviendas vacacionales y apartamentos turísticos legales.

«Están por todas partes»

«Hay viviendas clandestinas por todas partes, están dispersas por toda la isla. Es un objetivo político de primer orden paralizar este uso alojativo de las viviendas particulares no reguladas», explicaron durante Fitur. En este sentido, Sancho adelantó que Fomento del Turismo conformó una comisión de expertos con el objetivo de articular soluciones para combatir esta situación tan generalizada en la isla. Este comité está formado por arquitectos especialistas encargados de redactar un documento que define el alcance y el objetivo del sector para acotar estas viviendas que no cumplen con la normativa turística.

Un escrito que enviarán a las administraciones públicas competentes porque entienden que las herramientas utilizadas para combatir esta situación son insuficientes para reducir la oferta ilegal. Se refiere a mecanismos como las campañas contra el intrusismo, las inspecciones, los expedientes contra estas viviendas o las sanciones económicas. «Hace poco denuncié ante la Oficina contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa cuatro casos y me dijeron que no podían hacer nada. No dan abasto», lamentó el presidente de Fomento del Turismo.

Gasto turístico

Los hoteleros insistieron en que erradicar el intrusismo en la oferta vacacional debe ser prioritario para Ibiza, puesto que este fraude también afecta al consumo de los turistas en la isla. En esta línea, explicaron que el gasto medio de los visitantes que eligen la oferta irregular es menor que el de las personas alojadas en establecimientos reglados.

En esta línea, Alejandro Sancho también culpó a la oferta ilegal de agravar el acceso a la vivienda de residentes y trabajadores, perjudicando de esta manera a la estabilidad de las plantillas. «Esta situación ha roto el equilibrio que debe existir entre los residentes y los visitantes. Las personas que viven en Ibiza tienen derecho a comprarse una vivienda a un precio razonable y los funcionarios que quieran construir su proyecto de vida en la isla también tienen que sentir que en Ibiza se puede vivir», puntualizó en el stand de Ibiza en Fitur.

Unas declaraciones que evidenciaron la gran dimensión que tiene la oferta ilegal en la isla debido, entre otros motivos, al auge desmedido de plataformas online que ofrecen pisos turísticos ilegales. Es por eso que desde el sector alertaron del incremento de la economía sumergida a causa de las plataformas de internet que actúan como intermediarias.

En este sentido, desde el sector exigieron más control a las webs de alquiler como Airbnb para intentar combatir esta situación. «Los anunciantes lo hacen muy bien para que no los puedan cazar», subrayó Sancho, haciendo hincapié en cómo se lucran estas personas. «Hay propietarios que alquilan estas viviendas por 4.800 euros a la semana durante seis meses. Si ingresa esta cantidad cada año y el piso le ha costado 700.000 euros, en nueve años ya tiene pagada la hipoteca», puntualizó con indignación.