La alcaldesa de Santa Eulària, «satisfecha» tras declarar en los juzgados de Ibiza

Carmen Ferrer estaba citada a las 12.30 horas y ha abandonado los juzgados apenas media hora después. La alcaldesa ha señalado estar «satisfecha» tras prestar declaración. «Siempre que uno dice la verdad se está satisfecho», remarcó.

Por su parte, el abogado de la acusación, el ex fiscal anticorrupción Pedro Horrach, se limitó a decir que la alcaldesa había contestado a todas las preguntas que le habían planteado tanto la acusación particular como la Fiscalía y la defensa.

En su demanda, el propietario del Grupo Policlínica, Francisco Vilás, sostiene que Ferrer hizo «un uso y abuso de la inactividad administrativa de forma deliberada» a la hora de tramitar determinada documentación relativa al nuevo centro hospitalario privado planteado en la localidad de Jesús.

Según el empresario, la intención habría sido no dejar caducar el expediente administrativo del proyecto y mantener de forma artificial el procedimiento.

Vilás inició hace años una batalla legal contra el farmacéutico Juan Tur Viñas, promotor del nuevo centro hospitalario, cargando además contra el Consell d'Eivissa que en 2010 concedió el interés general al proyecto del nuevo hospital. También llegó a denunciar al actual presidente insular Vicent Marí -exalcalde de Santa Eulària-, así como a dos concejales y a un funcionario del Ayuntamiento por un delito de prevaricación.

A finales de enero de 2019, la denuncia contra Marí y el resto de implicados fue desestimada. Lejos de parar, Vilás presentó otra querella contra el presidente del Consell ante la Oficina Anticorrupción de Baleares, un procedimiento que se instruye en la actualidad.

Justo hace ahora cuatro años, el empresario acusaba también al Consistorio de Santa Eulària de conceder un «trato favorable» a la promotora del centro privado «otorgándole unos tiempos que son inexplicables para una administración y no exigir toda la documentación y tasas necesarias», según aseguró Vilás en aquel momento. Incluso, manifestó que «como ibicenco, resulta una obligación denunciar esta ilegal, irregular y anómala situación generada por el Ayuntamiento de Santa Eulària en general y por su alcalde en particular».