Segundo juicio para desahuciar a las familias que viven en un inmueble adquirido por un fondo de inversión en Cala de Bou

Se trata del segundo procedimiento de este tipo. El primero fue a Alba Márquez, a quién la jueza declaró la paralización del desahucio al ser madre soltera y, por tanto, persona en situación de vulnerabilidad.

Desde hace años los inquilinos reciben ofertas económicas para que abandonen el inmueble, «la última fue de 9.000 euros», explica González.

Unas ofertas que llegan hasta que expira el contrato sobre el papel. En ese momento la entidad inicia el proceso de desahucio judicial, sin embargo los propietarios defienden que Sogeviso, la entidad que gestionaba las viviendas, les ofreció la renovación del contrato y piden que se mantenga ese ofrecimiento.

«Estamos desesperados y no entendemos como hemos llegado a esto. Antes de que expirase el contrato se nos confirmó que habría una renovación por parte de los arrendadores pero en un momento dado dejaron de responder ni a llamadas ni a correos» explicó González. Él y su madre siguen pagando su alquiler.

Su abogado defiende que existió una renovación implícita del contrato y que, por ello, se debe firmar un nuevo contrato de alquiler.

En el juicio de este viernes declaró la concejala de Vivienda de Sant Josep, Guadalupe Nauda, para explicar las gestiones que se habían hecho con intermediarios de Solvia para alcanzar un acuerdo de renovación y aportar todos los documentos.

Asegura que desde Solvia se han iniciado tres negociaciones que siempre acaban con la sustitución del negociador y un reinició del procedimiento.

Los vecinos denuncian que, una vez que se ejecuta el desahucio, se tapian las puertas y algunas llevan cerradas más de tres años.

El Sindicato de Inquilinas envió este viernes una nota indicando que se pedirá al Govern la expropiación de uso, si no se ponen en alquiler.