—¿En qué consiste su labor como abogada del área legal de Amadiba?
—En principio, se trata de asesorar a las personas a las que apoyamos y asistimos en temas legales o en rendimiento de cuentas. También asesoramos a las familias a las que les pueda surgir alguna duda o consulta.
—Entender bien la parte legal en una entidad como la suya es fundamental.
—Sí, ha cambiado la ley, pero es posible que las familias antes desconocieran cómo iniciar un proceso de modificación de la capacidad o cómo dirigirse a un juzgado. No sabían cómo empezar determinados trámites, seguir algunos procesos y ahora también, con las revisiones de las sentencias, preguntan cómo deben llevar a cabo determinadas cuestiones.
—Ha participado en Ibiza en el Congreso de Familias de Personas con Discapacidad.
—En mi caso, la intervención ha servido para dar a conocer todos los cambios que ha habido con la reciente ley sobre los apoyos a las personas con discapacidad, que es la ley 8/2021 y que entró en vigor el 3 de septiembre. No son pocos cambios y así, expliqué cómo pueden llevarlos a cabo o iniciarlos. Al final, todavía queda mucho por hacer en temas de inclusión, así que estos congresos dan a conocer muchas cuestiones e intentan que la inclusión siga su curso y sea total.
—¿Y son beneficiosos para los usuarios estos cambios normativos?
—La verdad es que son todo ventajas. Anteriormente, era todo muy generalizado y cuando había un procedimiento de modificación de capacidad y se debía elegir a un tutor, se incapacitaba de forma total, sin establecer las características que podía tener cada persona. En cambio, con la actual ley todo consiste en hacer trajes a medida para cada usuario. No todos tienen las mismas necesidades y precisan apoyo en todas las áreas. Se necesitan apoyos individualizados y además desaparecen los procedimientos de modificación de la capacidad. Es ahora más beneficioso porque pueden redactar un testamento o votar. Se trata de hacer un traje a medida según las necesidades de cada persona y no meter a todos en el mismo saco.
—Con la nueva normativa, también desaparecen las figuras de tutela.
—Para cualquier acto realizado por el usuario, esa figura implicaba necesitar la autorización o consentimiento del tutor. Ahora, para distintos ámbitos, habrá personas que necesiten apoyo en el ámbito patrimonial, pero no necesariamente lo necesitarán para seguir una medicación. Beneficia muchísimo porque es dejar que la persona haga su vida, prestando el apoyo cuando se necesite.
—Han aparecido nuevas figuras de apoyo como el guardador de hecho o la curatela representativa.
—Son figuras distintas que ya existían. El guardador es la persona que, de por sí, ya presta apoyo al usuario y puede tener funciones de representación. Ahora se está estudiando cómo acreditar esa relación. En cuanto a la curatela, equivaldría a lo que era la tutela anteriormente. Es la figura que se trata de evitar y que sólo se use cuando no haya más remedio.
—Sin duda, estos cambios favorecen la inclusión.
—Se intenta que la propia persona haga y deshaga, pero no sobreproteger. Tiene derecho a poder decidir como cualquier otra. Los cambios favorecen muchísimo a la inserción.
—¿Pueden darse casos en los que realmente la persona no esté capacitada?
—Podría llegar a pasar, aunque con la nueva ley existen fórmulas para establecer medidas de apoyo voluntarias. Pueden acudir a un notario, por ejemplo, y designar que su madre o padre les presten apoyo durante un determinado tiempo o para una función específica. Si el notario ve que la persona no está capacitada, no debería otorgar esa escritura con esos apoyos. Al final, se establece así más colaboración entre la vía notarial y judicial.
—Amadiba cumple más de 25 años, lo que demuestra su fortaleza entre la sociedad.
—Empezó siendo un grupo de madres que no sabían muy bien qué hacer y que necesitaban un poco de respiro. Al final, Amadiba se centra en la discapacidad intelectual; empezaron de manera pequeña y ya han cumplido 25 años más uno.
—¿Pediría otros cambios legales para mejorar la vida de sus usuarios?
—El cambio normativo ha supuesto un giro de 180 grados y es un avance muy grande. El origen se remonta a una convención sobre discapacidad que tuvo lugar en Nueva York en 2006 y España llevaba desde el 2008 con una legislación contraria a lo que se dictó en esa convención. A nivel legal, la situación ahora mismo no puede ser mejor.
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