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El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero , dejó en manos de los vecinos la posibilidad de iniciar un procedimiento de legalización del edificio Don Pepe, aunque puntualizó al mismo tiempo que el inmueble está en un parque natural, donde el uso residencial está prohibido.

«Es una posibilidad muy remota, pero es una posibilidad», declaró Guerrero, valorando así la opción de que el Consejo de Ministros pueda legalizar de manera «excepcional» y por «razones de utilidad pública debidamente acreditadas» el edificio de los apartamentos Don Pepe. El Consistorio considera que se construyó sin licencia al no haberla encontrado en sus archivos.

«Ha ocasionado un poco de revuelo entre los vecinos. Nos aferramos a cualquier cosa. Es una buena noticia, pero es triste ver que el Ayuntamiento lo conocía, no ha dicho nada y no ha movido un dedo», manifestó por su parte la portavoz vecinal Silvia Hernández . Para ella, se hace más evidente el «atropello tan enorme» del Ayuntamiento hacia los vecinos viendo que existen posibilidades de solución.

Ángel Luis Guerrero reconoció que él mismo pidió al Ejecutivo balear el informe sobre la legalidad de las edificaciones Cantos Rodados y sobre la posibilidad de conceder licencias sobre las mismas: «Se lo pedí al Govern, igual que se lo pedí al Consell en su día».

Guerrero reiteró este sábado que, en cualquier caso, la propiedad debe ser quien inicie el procedimiento de legalización: «Al final, los que legalizan las construcciones son los titulares de los inmuebles. Nosotros lo habríamos tramitado exactamente igual».

Para el alcalde, ahí es donde se encontraría la traba principal de esta posible solución, puesto que el inmueble debe adaptarse a la normativa actual y ésta señala que se encuentra en un parque natural donde el uso residencial está prohibido.

«Supongo que por ello, los vecinos no lo tramitaron y no han tomado ese camino. Si no se nos trae un proyecto de legalización para tramitarlo de esa manera, no lo podemos hacer», afirmó. Al mismo tiempo, recordó que los vecinos no consideran ilegal el edificio y «por eso es posible que no se haya tramitado el procedimiento». Guerrero explicó además que el equipo jurídico del Ayuntamiento valoró en su día el documento y comprobó que, con la normativa actual, contempla un uso no admitido.

A lo largo del fin de semana, y aprovechando la celebración del congreso socialista balear, Guerrero aseguró que iba a tratar de abordar el caso del edificio Don Pepe con responsables del Govern, principalmente para definir qué tipo de ayudas a largo plazo habrá para los afectados por el proceso de desalojo. Un grupo de vecinos se desplazó este sábado al congreso para llamar la atención sobre su caso.

La portavoz de los Don Pepe, Silvia Hernández, reconoció que la información publicada este sábado es una «muy buena noticia», aunque mostró su extrañeza por el hecho de que el Consistorio tuviera conocimiento de esta opción, pero no hubiera hecho más uso de ella «ya que tiene tantas ganas de ayudarnos», ironizó Hernández.

También explicó que, junto a su abogado, los vecinos deberán estudiar a fondo esta nueva vía, aunque el letrado ya había sugerido con anterioridad acogerse a una licencia de interés social «y recibimos la misma respuesta».

«Uno no sabe muy bien por dónde tirar. Vamos a ver si ahora conseguimos que todos los impedimentos, bloqueos y negativas a esta posibilidad se puedan disolver», reconoció Hernández.

El principal problema, según lamentó, es que una orden judicial obligará a los vecinos a marcharse de sus viviendas antes del 17 de diciembre. Cualquier nuevo procedimiento que pudiera ahora iniciarse, difícilmente estaría resuelto a tiempo. La portavoz destacó, además, que han recurrido la orden de desalojo, aunque la resolución de ese recurso también puede producirse después de la fecha fijada. «No se puede mantener a los vecinos en esa agonía», lamentó.

Por otra parte, esta misma semana Sant Josep informó que los afectados podrán recibir ayudas de entre 450 y 750 euros, dependiendo de la situación de cada familia. Silvia Hernández criticó que, por el momento, sólo las podrán percibir los vecinos de las escaleras 3, 4 y 5, y sólo si siguen censados en los Don Pepe. En este sentido, recordó que los inquilinos de las escaleras 1 y 2 desalojaron sus viviendas hace año y medio, por lo que Hernández reclamó también ayudas económicas para ellos, teniendo en cuenta los importantes gastos derivados de esta situación.

El informe

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