La consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en una imagen de archivo.

La Conselleria balear de Asuntos Sociales salió este viernes al paso de las críticas del PP en sede parlamentaria por no crear nuevas plazas en las residencias que gestiona en Ibiza, que son la residencia y centro de día de Can Blai en Santa Eulària, la de Sa Serra en Sant Antoni y la de Can Raspalls en Sant Jordi. En este sentido, afirmaron que en los últimos tres años han incorporado un total de 114 nuevas plazas de residencia a la red pública de atención a la dependencia de Ibiza. Este número de plazas, según precisaron desde Asuntos Sociales del Govern, equivale en términos cuantitativos «a la puesta en marcha de más de una nueva residencia».

Así lo destacó la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, durante su comparecencia sobre los presupuestos en el Parlament, donde animó a los alcaldes del PP a ofrecer suelo público para la construcción de residencias en Ibiza. Hasta ahora, sólo Sant Josep ha mostrado su intención de ofrecer un solar para construir uno de estos centros. En la actualidad, hay 342 personas en situación de dependencia que ocupan una plaza de residencia en Ibiza, las cuales están financiadas por la Conselleria.

Situación «anómala»
La consellera balear Fina Santiago insistió este viernes en que la situación es «anómala» en Ibiza al gestionar el Govern tres residencias de mayores y acusó directamente al Consell d'Eivissa de no asumir la gestión de las residencias de mayores. «Si el Consell d'Eivissa gestionara las residencias como pasa en las otras Islas, seguramente habría más municipios dispuestos a ceder terreno público», señaló Santiago.

Por ahora, el Govern mantiene la gestión de tres residencias en Ibiza aunque la competencia sea insular, en una situación «totalmente anómala», insistió. Cabe recordar que el Consell d'Eivissa no está dispuesto a asumir la competencia de las residencias de mayores que está gestionando el Govern si no cuentan con una dotación económica suficiente. En este sentido, el Ejecutivo autonómico cifra el traspaso de competencias en 13 millones, mientras que el presidente del Consell d'Eivissa recordó este pasado verano que sólo Cas Serres, gestionada por el Consell, tiene un coste de ocho millones de euros.