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El plazo para que la propiedad del complejo turístico ilegal Casa Lola ejecute el derribo ordenado por el juez se retrasa unas tres semanas, hasta el próximo 22 de septiembre , según informaron este viernes desde el Ayuntamiento de Sant Josep. El motivo es que el bufete de abogados que representa a la propiedad ha comunicado en los últimos días al Consistorio que ya no ejerce esta representación legal, por lo que se ha debido realizar una nueva notificación de la orden de derribo a las personas jurídicas, es decir, a las empresas que figuran como dueñas del complejo.

Esta nueva notificación, que fue remitida electrónicamente a las empresas el pasado 1 de septiembre, ha reiniciado el plazo a contar desde este pasado miércoles, por lo que desde el Consistorio señalan el próximo 22 de septiembre como último día para que la propiedad derribe Casa Lola. En caso de no cumplir con esta orden de derribo, el Consistorio pedirá una orden judicial para ejecutar la demolición de forma subsidiaria.

Máximas garantías

Desde Sant Josep explicaron que el objetivo es ser «impecable» en el procedimiento y dar las «máximas garantías» para que cuando se pida la entrada a la vivienda, no haya ninguna objeción que pueda obstaculizar los trabajos de demolición. Hasta que no concluya el plazo marcado del 22 de septiembre, el Consistorio no puede pedir la orden al juez para ejecutar ellos el derribo, según precisaron desde el Ayuntamiento de Sant Josep.

Las obras ilegales

Las obras realizadas sin licencia vulneran la protección del suelo, por lo que se consideran ilegalizables. Suman una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación de 1.892 metros cuadrados. En concreto, las infracciones afectan a una piscina y terraza anexa al edificio principal, el porche, una edificación anexa de unos 50 metros cuadrados, los cimientos de otra edificación de unos 30 metros cuadrados de superficie, otro inmueble de 50 metros al norte de la parcela, cerca del camino de acceso, dos edificaciones en forma de ‘L' con una superficie de 200 metros cuadrados, un depósito de agua con una superficie de 52 metros, ocho volúmenes de planta baja con una superficie aproximada de 930 metros, terrazas cubiertas con una superficie de 342 metros, terrazas abiertas sobre una superficie de 414 metros, dos piscinas de 84 y 68 metros cuadrados, una cisterna en construcción y diversos muros de cerramiento de parcela y de división interior con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados. En total, alrededor de 2.000 metros cuadrados de obras que serán derribadas.

Con la resolución judicial del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso contra el derribo, se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y continuar con el expediente sancionador, que prevé una multa de 1,4 millones de euros para los promotores y las empresas constructoras.

El complejo, además de alquilarse a turistas sin licencia, también es motivo de queja y denuncia constante por parte de los vecinos debido a las fiestas ilegales que organiza durante todo verano. Sant Josep considera que el restablecimiento de la legalidad urbanística en este caso será un ejemplo para otros posibles infractores.

Además del complejo Casa Lola, la dueña de la finca dispone de otras propiedades, también en el municipio de Sant Josep, que tienen orden de demolición por parte del Consistorio y que se encuentran en estos momentos en tramitación los tribunales

Expira el plazo para el derribo de las obras ilegales en el complejo Casa Lola

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