Expira el plazo para el derribo de las obras ilegales en el complejo Casa Lola

En el Consistorio descartan que este mismo viernes se presente un proyecto de demolición por parte de la propiedad -que este jueves declinó nuevamente pronunciarse al respecto-, por lo que solicitará autorización al juzgado para entrar en la finca e iniciar de esta forma el proceso para la ejecución de la sentencia.

De hecho, el Ayuntamiento ya dispone de un proyecto, presupuestado en 40.000 euros, para derribar de forma subsidiaria todas las obras que se consideran ilegalizables, y que incluyen edificaciones anexas, piscinas, terrazas o muros hasta un total de unos 2.000 metros cuadrados, todo ello levantado de forma ilegal. El coste de la demolición será cargado a la infractora.

Un ejemplo para infractores

«A partir de ahora, lo previsible es que se solicite autorización al juez para que la Policía Local pueda entrar y constatar que no se ha cumplido con la sentencia», explicaron este jueves fuentes municipales. Sant Josep considera que el restablecimiento de la legalidad urbanística en este caso será un ejemplo para otros posibles infractores. Por ello, el Consistorio quiere ejecutar el derribo cuanto antes, «en el mismo momento en que lo autorice el juez».

Casa Lola, enclavada en la zona de Davall sa Serra del municipio de Sant Josep, arrastra un historial de expedientes y sanciones que se siguen tramitando en los juzgados.

En esta finca, las infracciones afectan a una piscina y terraza anexa al edificio principal, el porche, una edificación anexa de unos 50 metros cuadrados, los cimientos de otra edificación de unos 30 metros cuadrados de superficie, otro inmueble de 50 metros al norte de la parcela, cerca del camino de acceso, dos edificaciones en forma de ‘L' con una superficie de 200 metros cuadrados, un depósito de agua con una superficie de 52 metros, ocho volúmenes de planta baja con una superficie aproximada de 930 metros, terrazas cubiertas con una superficie de 342 metros, terrazas abiertas sobre una superficie de 414 metros, dos piscinas de 84 y 68 metros cuadrados, una cisterna en construcción y diversos muros de cerramiento de parcela y de división interior con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados. En total, alrededor de 2.000 metros cuadrados de obras que serán derribadas.

Además, una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en la finca, continúa su tramitación el expediente sancionador contra la propiedad, ya que estas obras ilegales están tipificadas como una infracción grave. «El expediente sancionador de 1,4 millones de euros ha estado paralizado mientras decidían los juzgados», explicó recientemente el alcalde, Ángel Luis Guerrero, «y ahora, tras esta decisión, continúa su tramitación».

Además del complejo Casa Lola, la dueña de la finca dispone de otras propiedades, también en el municipio de Sant Josep, que tienen orden de demolición por parte del Consistorio y que se encuentran en estos momentos en tramitación los tribunales.