Vicent Marí y Mercedes Garrido. | Daniel Espinosa

El Govern dará un paso más en la lucha contra las fiestas ilegales en viviendas turísticas. Así lo anunció ayer la consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, en Ibiza. Se aplicará una nueva tipología de sanción que afectará a los propietarios de viviendas turísticas donde se haya celebrado una fiesta ilegal.

Garrido explicó que se sancionará a aquellos propietarios que no colaboren con la administración. Esta nueva normativa obligará al propietario a comunicar quien ha sido el responsable de la celebración del evento. A aquellos que no lo hagan, se les impondrá la misma sanción que se le impondría al organizador de la fiesta por falta de colaboración con la administración.

La consellera señaló que las sanciones dependen de la tipología de la falta. Así pues, las leves van de los 100 a los 3.000 euros; las graves, de 3.001 a 60.000; y las muy graves de 60.001 a 600.000.

Garrido, además, recordó que estaba priorizando las multas más graves a la hora de proceder con su tramitación y aseguró que todo el mundo iba a pagar, matizó que se tardará más o menos, pero que todo el mundo pagará. De hecho, la consellera informó de que en Baleares hay actualmente en tramitación 28.766 expedientes sancionadores que se corresponden con un importe de 6,6 millones de euros. De estos, 1.346.000 euros corresponde a Ibiza, mientras que 144.000 son multas de Formentera.

Marí quiere más
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, se mostró satisfecho con este anuncio, pero quiere que el Govern siga dando más pasos en la lucha contra este tipo de actividades ilegales. Recordó que «es algo que se viene reclamando desde hace meses».
Del mismo modo, no quiso entrar en la disputa con las palabras del portavoz del Govern, Iago Negueruela, quien había asegurado en la mañana que el Consell de Ibiza tiene capacidad para proponer cambios legislativos y actuar contra las fiestas ilegales; y había instado al propio Marí a que «haga su trabajo».

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El presidente ibicenco no quiso «profundizar», pero sí reconoció sorpresa por las palabras del conseller que «sabe de los medios y competencias con los que cuenta el Consell».

Marí aseguró que ayer se vio una voluntad de endurecer las sanciones y «ese es el camino». Asimismo, afirmó que «hay que colaborar y no pasarse la pelota de un lado a otro. Ha que hacer esfuerzos para acabar con esta lacra». Desde Ibiza tienen claro que el próximo paso es que este tipo de alquileres turísticos entren dentro de la Ley de Actividades, para que los cuerpos del estado puedan irrumpir cuando se estén utilizando no como vivienda.

Por su parte, Garrido matizó un poco las palabras de su compañero de gobierno, pero defendió la misma idea: «Si el Consell d'Eivissa considera que se puede aplicar la Ley de Actividades, que nos plantee esa demanda de manera directa y con los informes jurídicos adecuados». «Estamos totalmente abiertos a esto, pero una vivienda es una vivienda. La base del alquiler vacacional es precisamente que se hace sobre una vivienda», recordó haciendo referencia a la inviolabilidad de la Constitución sobre este derecho.

Garrido explicó que si una vivienda deja de ser considerada como tal «es otra cosa, pero deja de ser una vivienda. Es un establecimiento turístico, y si es un establecimiento turístico, es un uso no permitido en suelo rústico o es un uso no permitido en suelo residencial. No únicamente tiene implicaciones a nivel de Ley de Actividades, por eso el conseller planteaba que si el Consell d'Eivissa puede ir más allá de eso, nosotros estamos completamente abiertos».

El Consell y Guardia Civil desmantelan una fiesta ilegal en Sant Joan
El Consell d'Eivissa y la Guardia Civil desmantelaron este fin de semana una fiesta ilegal que se estaba celebrando en una vivienda del municipio de Sant Joan. Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando se tuvo conocimiento del punto de encuentro al que acudían los asistentes a dicha fiesta. A medianoche, agentes de la Guardia Civil realizaron un control debido a la gran concentración de vehículos y de tráfico, una «acción disuasoria» que tuvo efecto en los participantes de la fiesta y en los organizadores.

Finalmente, y tras una denuncia por ruido de una vecina, se logró disolver la fiesta hacia las 03.00 horas. La directora insular de Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística e Intrusismo, Naihara Cardona, destacó que estas fiestas ilegales están haciendo daño a la isla, tanto a «nivel sanitario», por celebrarse sin ningún control, como en el «ámbito económico», al ser una «competencia desleal». En este sentido, reiteró que el Consell trabaja con las herramientas que tiene y las «limitaciones legales» para combatir estas actividades ilegales. Cardona precisó que no se quedará «con los brazos cruzados» y recordó que en el debate de política general se acordó solicitar al Govern balear la modificación de la normativa.