El vicepresidente primero Mariano Juan explicó que este reglamento propone un «pacto con los ibicencos para la custodia de los territorio» puesto que da facilidades y compensa aquellos que hagan un mantenimiento del suelo, del campo y de los bienes patrimoniales de la isla.
A la vez, este reglamento simplifica trámites, como es la cédula de primera ocupación, que se fusiona con la licencia de primera ocupación de los ayuntamientos y elimina el certificado final de obra, así como la necesidad de licencias de obra previa por aquellas que no tengan afectación urbanística, qué podrán sustituirse por una comunicación previa.
Finalmente, se reduce la tramitación de cédulas de carencia y se regulan las agroestancias y el alquiler turístico de habitaciones en casas payesas.
El consejero Juan resaltó que el reglamento busca «proteger sin prohibir, incentivando a los propietarios para llevar un buen mantenimiento de la tierra y el patrimonio sin imponer».
Tanto PSOE como Podemos votaron en contra del reglamento mientras la consellera no adscrita Marta Díaz votó a favor.
Por parte del PSOE justificaron su voto por «la falta de consenso en una norma que tiene una importante afectación sobre el territorio, el medio ambiente y el patrimonio de la isla». En el Pleno, el portavoz socialista, Vicent Torres, lamentó la falta de tiempo que habían tenido para estudiarlo y pidió, sin éxito, que se dejase este Reglamento «encima la mesa» y abriese un nuevo proceso de consulta con la oposición para llegar a acuerdos sobre simplificación administrativa, analizándolo punto por punto».
Por parte de Podemos, su portavoz, Antonio Saucedo, valoró que el texto no ofrece suficientes garantías para el control de la actividad que se regula y manifestó su voto en contra, si bien no descartó el voto a favor del texto definitivo si se aplican modificaciones.
Después de esta aprobación inicial, se abrirá un periodo de un mes de exposición pública para sumar más propuestas de grupos políticos, colectivos y particulares, que podrán mejorar un texto inicial que ha de estar redactado con la participación de los cinco ayuntamientos, particulares y colectivos, como el Colegio de Arquitectos Técnicos, Pimeef y la Federación Hotelera.
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