Ayuntamiento de Ibiza. | ARCHIVO

Ni el Ayuntamiento de Ibiza ni la Federación Socialista de Ibiza realizaron ayer valoración pública alguna a la información publicada por el Periódico de Ibiza y Formentera sobre las contrataciones realizadas a dedo por el Consistorio a la empresa familiar de Josep Marí Ribas Agustinet.

Sin embargo, los socialistas sí que realizaron una comunicación interna para la militancia que, bajo el título ‘Desmontamos la campaña de difamación del Periódico' trataba de crear un clima de hostilidad hacia este rotativo.

Según indican en su escrito interno, «nos encontramos ante una campaña de manipulación y desprestigio contra el partido socialista y sus representantes».

Una campaña que se basa, a su entender, en «una manipulación de la verdad para hacer creer cosas que no son». En este sentido, manifiestan que los contratos realizados por el Ayuntamiento a la familia de Agustinet «están amparados en la más absoluta legalidad», algo que en ningún momento puso en entredicho este medio de comunicación en su información.

También recalcan que no existe «ninguna ilegalidad ni ninguna incompatibilidad por parte de la empresa», cosa que tampoco se afirmó en el texto publicado ayer.

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Tampoco puso en duda este medio de comunicación que la empresa reuniera todos los requisitos legales, como aseguran los socialistas en su nota interna. Lo único que se hizo es informar de que había otras empresas capacitadas para el trabajo en la isla de Ibiza.

Dicen también desde la FSE-PSOE que la expresión «a dedo» es una forma difamatoria de calificar los contratos menores para hacer creer que hay alguna ilegalidad. Nada más lejos de la realidad, «a dedo» significa que alguien ha elegido algo sin valorar otras opciones y, en ningún caso, implica ilegalidad como quieren hacer creer a su militancia.

Finalmente, aseguran que se trata de una «persecución y caza de brujas contra las instituciones y personas de nuestro partido», atacando, a su vez, a «personas que tienen todo el derecho a desarrollar su actividad profesional».

En este sentido hay que señalar que todas las personas a las que se hace referencia en la información de este periódico son políticos y, en aquellos casos donde no existen incompatibilidades por ser cargos públicos, no se pone en duda su derecho a trabajar.

Desde el PP de Vila, por su parte, aseguraron que «con independencia de la ilegalidad o no del asunto, hay una falta de estética en estas contrataciones». Según Jacobo Varela, desde hace tiempo «hemos venido señalando que el nivel de contratos menores del Consistorio era excesivo». En 2019, por ejemplo, «de 7 millones de contratación 3,2 eran de contratos menores, casi el 45%». Por eso, añadió, «propusimos hacer un plan de contratación anual» que no agradó al equipo de Gobierno. «Esto demuestra la política clientelar de Rafa Ruiz con el dinero de los ibicencos», concluyó.