El Sindicato solicita a Marí que tome las riendas del caso, y como ha sucedido en Valencia la pasada semana, el Govern balear adquiera el edificio al fondo buitre o busque una solución inmediata para que los vecinos "puedan vivir de una vez por todas tranquilos en sus casas y el Govern se posicione de una vez por todas claramente a favor del derecho a la vivienda y de los ciudadanos que se ven expulsadas de sus hogares por la especulación inmobiliaria y se articulen las medidas necesarias para defender los derechos de todas".
Según el sindicato, "las vecinas llevan meses intentando solucionar este conflicto y el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell Insular se ofrecieron a mediar entre las vecinas y el fondo buitre. Sin embargo, denuncian que siguen en la misma situación de incertidumbre, al no conocer ningún avance sobre las negociaciones". Según el Ayuntamiento de Sant Josep, del que hasta hace unas fechas era alcalde el titular de Habitatge al que ahora piden su intervención, "han intentado contactar en diversas ocasiones por varias vías sin obtener respuesta, al igual que les sucede a las vecinas que no tienen ningún canal de comunicación con la propiedad desde que esta cambió de manos".
Ahora, las vecinas, tras la demanda de desahucio que ha recibido una de las compañeras que denunció la situación ante la prensa junto con el Sindicato de Inquilinas, "dirigen su mirada al Banco Sabadell, a quien reclaman un contacto fiable con la nueva propiedad para poder negociar las renovaciones de los contratos. Para ello van a organizar un calendario de protestas hasta que se sepa que, gracias a la gestión del banco, multitud de familias se encuentran con un pie en la calle. Las protestas empezarán mañana, día 4 de Marzo. Distintos núcleos familiares harán guardia en la puerta de varios bancos, con pancartas y repartiendo flyers, respetando todas las medidas sanitarias".
El Sindicato de Inquilinas ve "complicada" la posibilidad de llegar a una negociación de iguales. Defienden que Promontoria Coliseum "está comprando todo o gran parte del parque de viviendas del Banco Sabadell y en todos los casos emplean, presuntamente, el mismo modus operandi". Detallan que en el momento de la compra, "se envía un correo con el nuevo número de cuenta donde realizar la transferencia del alquiler y, en ese momento, se rompen todas las comunicaciones con el cliente. De haber comunicación, siempre es unidireccional y muchas veces por medio de terceras empresas, como bufetes de abogados. Por ello, para el Sindicato de Inquilinas la solución debe ser también política". Exigen que el Govern Balear debe "intervenir en las negociaciones, a través de la ley de vivienda, expropiando, comprando o llegando a un acuerdo. Hasta ahora, todos los vecinos que han sido expulsados ven como su vivienda es tapiada por una puerta antiokupas, lo que daría al Govern la posibilidad de expropiar el uso de casi todo el edificio y destinarlo a alquileres sociales".
Por último, el Sindicato de Inquilinas ha solicitado una reunión con el nuevo conseller de Vivienda para trasladarle el problema y lograr encontrar una solución.
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