«No solamente queremos salvar empresas, sino reforzarlas», dijo ayer Sánchez en el Congreso, semanas después de la incesante reclamación de los empresarios de la hostelería para que el Estado destine ayudas directas a los pequeños negocios. Los 11.000 millones de euros anunciados por Sánchez se acercan a las ayudas por valor de 12.500 millones que reclamaron recientemente los sectores de la hostelería y el comercio de todo el país, pero distan bastante de los 50.000 millones que exige el presidente del PP, Pablo Casado.
Para el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), José Antonio Roselló, aún hay que conocer al detalle el plan propuesto por el Gobierno «para ver cómo se concreta exactamente, ya que tiene algunos elementos de confusión y habrá que aclararlos». «Por supuesto que toda ayuda es bienvenida -añade-, pero tengo la impresión de que se trata de una medida preliminar, muy tímida y limitada, y seguramente habrá que profundizar en la misma, ya que, desde el punto de vista cuantitativo, no va a llegar muy lejos, y desde el punto de vista cualitativo es posible que no cubra las necesidades que se vienen pidiendo desde hace tiempo, en el sentido de que deben abarcar al conjunto de las empresas, porque tal y como están planteadas parece que va a haber una discriminación entre unas empresas y otras».
«La insolvencia ya es un hecho»
Al parecer, los planes del Gobierno van más bien dirigidos a reforzar la solvencia de las empresas que a dar ayudas directas, algo que dejan para las comunidades autónomas, según publicó ayer El País. Para resolver los problemas de insolvencia que acucian a muchos negocios, el Ministerio de Economía pretende hacer quitas a los préstamos avalados por el ICO, una ayuda que solo se brindará a empresas que lo necesiten, que hayan sufrido las restricciones y que se consideren viables. En principio estarían fuera del esquema las inviables y las saneadas. Por otro lado, Economía estaría preparando un fondo de recapitalización destinado a las empresas más pequeñas, según este periódico.
Roselló considera que el Ministerio de Economía aplicará estas medidas «a regañadientes». Y recordó que «basta comparar los 50.000 millones que había pedido el PP con los 11.000 millones que se van a destinar para darse cuenta de que todavía hay campo y margen de maniobra para ir incrementando esta medida».
«Desde el punto de vista de la definición, es algo que siempre hemos estado pidiendo, que es un apoyo no solo en el ámbito de lo social, como ha ocurrido con los ERTE, sino también en lo que afecta a la estructura económica y financiera de las empresas», explica Roselló, y advierte de que «si no se hace así, la falta de solvencia, que ya está siendo un hecho, va acabar con muchas empresas».
Por su parte, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, también abogó ayer por que estas nuevas medidas anunciadas por Sánchez se materialicen en ayudas directas, en lugar de en créditos. La presidenta de la gran patronal lamentó que no se bajen impuestos como el IVA ni de las cotizaciones sociales para empresas y autónomos españoles, una medida que se ha aplicado en algunos países europeos a causa de la emergencia sanitaria.
«La ayuda llega muy tarde»
Para la consellera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal del Consell d'Eivissa, María Fajarnés, el anuncio de Pedro Sánchez «es una buena noticia, pero llega muy tarde». «Siempre hemos reclamado al Gobierno de Estaña, que es quien tiene la capacidad financiera, que lanzara un plan de choque de ayudas a los autónomos y a los sectores afectados por la covid; llevamos meses reclamándolo, y por eso, ante la falta de previsión del Gobierno de España sobre si se iba a lanzar o no un plan de choque en condiciones, el Consell ha hecho un esfuerzo muy grande para poner en marcha las ayudas de la fase 4 con una aportación de 2,4 millones, y ahora 1,4 millones para las ayudas de los ayuntamientos».
«Aún no sabemos cómo se va a repartir este dinero, o si van a ser ayudas directas a las empresas o si el Gobierno va a transferir el dinero a las comunidades autónomas y éstas a su vez los transferirán a los Consells y ayuntamientos, y hasta que no se conozcan los detalles no podemos hacer un análisis en profundidad». «No obstante, si se confirma que tendrán preferencia las empresas que han pedido un ICO, puede ser totalmente discriminatorio», avisa Fajarnés, que coincide con los empresarios al estimar que aún «hay margen para incrementar esta cantidad».
«Toca rescatar a las pymes»
El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, considera que el plan del Gobierno «está muy enrevesado, son ayudas que no están cerradas y es todo muy etéreo». Rojo recuerda que la plataforma que agrupa a las pymes de toda España ya solicitó una quita del 40% de los créditos ICO concedidos. «En su momento se rescató a la banca y creemos que ahora toca rescatar a las pymes, pero el que no ha tenido que pedir préstamos también tiene derecho a estas ayudas porque el que no ha querido endeudarse o ha podido tirar de recursos propios ahora es cuando tiene un problema, y es ahora cuando necesita ayudas directas», añade.
«Llevamos mucho tiempo diciendo que, aunque no sean ayudas directas, por lo menos que se congelen o eliminen las obligaciones de pago a día de hoy, porque si no tienes ingresos no puedes pagar alquileres, recibos de luz, tasas municipales, etc. Es ahí donde tiene que intervenir el Gobierno central. Bienvenida la ayuda, pero lo importante es que ese dinero llegue a las empresas que lo necesitan», explica el presidente de la pequeña patronal.
Por su parte, la vicepresidenta del sector de Restauración de Pimeef, Verónica Juan, considera que el anuncio de Sánchez «es uno más, que esperemos que se materialice en la línea de ayudas directas, que es lo que necesitamos para sobrevivir. Ahora vamos a estar dos semanas más cerrados, y veremos lo que se acuerda en el Govern balear. Entendemos que lo que se aplique en Mallorca se aplicará aquí dentro de dos semanas».
«Lo importante es que haya ayudas directas para que no haya una destrucción masiva de trabajadores, de empresas y de patrimonio, y por eso volvemos a pedir un sistema de ayudas directas como en Alemania», afirma Juan, que añade: «No puede ser que para preservar la sanidad haya que ir a la ruina, porque ésta es la solución que nos están dando. Hay otra forma de hacer las cosas porque en un año no hemos avanzado lo suficiente».
Por otra parte, la presidenta de los restauradores reitera que «está mucho más claro el peligro de contagio que pueden haber en un piso cerrado con diez personas dentro y sin mascarilla ni ventilación que en un entorno de restauración, donde se adoptan todas las medidas sanitarias. Hay que plantearse seriamente que nos escuchen en Madrid».
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